El expediente por el triple femicidio narco ocurrido en Florencio Varela, que conmocionó a la sociedad argentina, fue transferido recientemente al fuero federal, generando una fuerte controversia entre los familiares de las víctimas. La familia de Lara Gutiérrez, la más joven de las tres mujeres asesinadas, encabezó una movilización este lunes frente a la sede de la UFI de Homicidios de La Matanza, reclamando que la investigación permanezca bajo la órbita provincial y exigiendo ser recibidos por el fiscal Adrián Arribas.

La decisión judicial de enviar la causa al fuero federal fue avalada por los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli, quienes consideran que los homicidios están esclarecidos tras la detención de once sospechosos, entre ellos Joseph Cubas Zavaleta, señalado como el autor intelectual del crimen. El juez de garantías Fernando Pinos Guevara también respaldó el pase, argumentando que la estructura narco detrás del triple femicidio trasciende la jurisdicción local y requiere la intervención de la Justicia federal para llegar a los máximos responsables, incluyendo al presunto jefe de la organización, conocido como "Abuelo".

Sin embargo, la familia de Lara, representada por su madre Estella Maris Gutiérrez y la abogada Verónica Claudia Véliz, se opone al cambio de fuero, alegando que aún faltan capturar a tres prófugos plenamente identificados y que el traspaso podría diluir la investigación de los homicidios. "Si pasa al fuero federal, el homicidio queda en segundo plano", expresaron en la convocatoria y en redes sociales. Los prófugos, Alex Ydone, "El Loco David" Huamani Morales y Manuel Valverde, tienen alerta roja de Interpol y podrían enfrentar prisión perpetua si son capturados y condenados.

Por otro lado, las familias de Brenda del Castillo y Morena Verdi, las otras dos víctimas, manifestaron su apoyo al pase al fuero federal y agradecieron públicamente la labor de los fiscales, calificando la investigación como "ejemplar". El juez Pinos Guevara subrayó en su fallo que dividir la causa entre jurisdicciones atentaría contra la administración de justicia y que la competencia federal es indispensable para desbaratar la organización narcocriminal responsable de los asesinatos.

El caso pone de manifiesto las tensiones entre los familiares de las víctimas y las autoridades judiciales, así como las dificultades para investigar delitos complejos vinculados al narcotráfico transnacional. El futuro de la causa dependerá de la capacidad de la Justicia federal para avanzar sobre los rangos superiores de la red narco y garantizar que todos los responsables sean juzgados.