Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno argentino, fue denunciado penalmente por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declarar una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz. La denuncia, presentada por la diputada Marcela Pagano, sostiene que Adorni no incluyó en su declaración jurada una casa registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, adquirida en noviembre de 2024.

Según documentación catastral, Angeletti figura como única titular del lote 380 del country desde el 15 de noviembre de 2024. Las expensas mensuales de la propiedad superan los $600.000 y el valor de mercado oscila entre USD 129.000 y USD 249.000. En su última declaración jurada, Adorni reportó solo dos departamentos y ahorros por cerca de USD 50.000, lo que, según la denuncia, no justificaría la adquisición y el mantenimiento de la nueva propiedad.

La denuncia se amplió luego de que se conociera que la esposa de Adorni viajó en el avión presidencial y que la familia realizó un vuelo privado a Punta del Este. Además, se investigan posibles irregularidades en contrataciones públicas y vínculos comerciales de la consultora de Angeletti con empresas que mantienen contratos con el Estado.

El gobierno evitó hacer comentarios oficiales sobre el caso, aunque el presidente Javier Milei ratificó a Adorni en su cargo. La justicia, por su parte, solicitó información al Registro de la Propiedad Inmueble y a la administración del country para determinar la titularidad, permisos de obra y movimientos bancarios relacionados con la compra.

El caso se da en un contexto de creciente escrutinio sobre el patrimonio de los funcionarios públicos y la transparencia en la gestión. Desde 2013, la ley limita el acceso público a los bienes de los cónyuges de funcionarios, lo que complica la verificación ciudadana. Mientras tanto, la diputada Pagano insiste en la existencia de una "discordancia patrimonial" y reclama medidas judiciales, mientras que voces oficialistas buscan minimizar la polémica. El desenlace de la investigación judicial podría tener implicancias para la administración actual y el debate sobre la ética pública en Argentina.