Marina Sabatier, una mujer de 49 años oriunda de Rosario, es buscada internacionalmente tras ser acusada de sustraer ilegalmente a su hija de 11 años y salir del país sin el consentimiento del padre. La Justicia penal de Santa Fe, a través del fiscal Damián Cimino, solicitó la captura internacional y la extradición de Sabatier, quien posee doble nacionalidad argentina y estadounidense. Interpol emitió una notificación roja para la madre y una alerta amarilla para localizar a la menor, ante la sospecha de que ambas se encuentran en Estados Unidos.

El caso se inició en mayo, cuando Mariano Diez, padre de la niña, denunció la desaparición de su hija. Las investigaciones confirmaron que Sabatier abandonó Argentina en 2024 y no regresó, lo que llevó a la Justicia a recalificar la causa como sustracción de menor agravada. El trasfondo del conflicto incluye una denuncia de abuso sexual infantil contra Diez, que fue desestimada por la Justicia, aunque el contacto entre padre e hija permanece interrumpido desde hace años.

En el fuero de Familia, la madre informó que la niña realizaba actividades escolares en Florida bajo la modalidad de home schooling, lo que fue considerado una negligencia grave por el Ministerio de Educación santafesino, ya que la menor dejó de asistir a la escuela en Rosario. El caso de Sabatier no es aislado: informes periodísticos han documentado otros episodios similares, donde padres o madres denunciaron falsamente a sus exparejas por abuso sexual infantil y luego trasladaron a los hijos al exterior, desoyendo órdenes judiciales.

Padres afectados por estas situaciones advierten sobre un patrón de uso de denuncias de violencia de género y abuso sexual infantil como herramienta en disputas familiares. Según testimonios, detrás de estos casos suele haber asesoramiento legal especializado y, en algunos episodios, se sospecha de prácticas de manipulación de menores para influir en pericias judiciales. Las consecuencias incluyen la interrupción del vínculo filial y la imposibilidad de revinculación, incluso tras la desvinculación judicial de las acusaciones. El caso plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos judiciales y la protección de los derechos de los niños en contextos de alta conflictividad familiar.