El abogado laboralista Andrés Prieto Fasano fue detenido este jueves en el barrio porteño de Palermo, acusado de haber protagonizado un choque fatal en la autopista Panamericana que resultó en la muerte de Ivonne Pamela Escobar Camacho, conductora de Uber de 31 años, y dejó gravemente herida a una pasajera. El incidente ocurrió el pasado 4 de julio a las 0:21, en el kilómetro 17 de la autopista, frente al shopping Unicenter, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

Según la reconstrucción de los hechos, el Volkswagen Polo conducido por Escobar Camacho se encontraba detenido en el cuarto carril rápido, presuntamente por un desperfecto mecánico. Segundos después, fue embestido desde atrás por una camioneta Hyundai Creta manejada por Prieto Fasano. El impacto fue de tal magnitud que la conductora falleció en el acto, mientras que la pasajera fue trasladada de urgencia a un hospital con lesiones graves.

Tras el accidente, Prieto Fasano abandonó el lugar en otro vehículo conducido por una familiar, lo que impidió que se le realizaran los controles de alcoholemia y toxicológicos en el momento. Esta situación generó controversia y sospechas sobre un posible trato privilegiado, alimentadas por el hecho de que el abogado es hijo de una exjueza y figura pública. Días después, fue localizado y detenido en Palermo, donde se encontraba en silla de ruedas debido a lesiones sufridas en el choque.

La causa, a cargo de la fiscal Carolina Asprella, fue caratulada como “homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo en concurso real con lesiones culposas graves”. Las autoridades continúan con peritajes accidentológicos y la toma de testimonios para esclarecer la mecánica del accidente y determinar responsabilidades.

En un comunicado, Prieto Fasano sostuvo que circulaba normalmente y que el vehículo de la víctima estaba detenido sin señalización, criticando además la falta de advertencias y asistencia en la autopista. El caso generó un intenso debate público sobre la seguridad vial y el accionar de las autoridades, mientras familiares de la víctima y la sociedad reclaman justicia y transparencia en la investigación.