La reciente inauguración del templo evangélico "Portal del Cielo" en Resistencia, Chaco, con la presencia del presidente Javier Milei, desató una fuerte controversia en la opinión pública argentina. Durante el acto, Milei defendió su visión de la justicia social como "un pecado capital" y calificó al Estado como "la representación del maligno en la Tierra", declaraciones que reavivaron el debate sobre la relación entre religión y política en el país.

El evento, que reunió a unas 15.000 personas, fue organizado por el pastor Jorge Ledesma, líder de la Iglesia Cristiana Internacional. Ledesma sorprendió al relatar que la construcción del templo fue posible gracias a un "milagro": según su testimonio, 100.000 pesos guardados en una caja de seguridad se transformaron en 100.000 dólares, lo que permitió financiar la obra sin deudas. Esta afirmación motivó la apertura de una investigación judicial por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.

La participación de Milei y su discurso generaron reacciones inmediatas. Un grupo de iglesias evangélicas publicó una carta abierta en la que comparó al presidente con el Faraón bíblico, acusándolo de crueldad y de implementar políticas que perjudican a los sectores más vulnerables. "No es Moisés, es como el Faraón que con crueldad maltrató y esclavizó al pueblo de Dios", señala el documento, que denuncia recortes en salud, educación y asistencia social.

Desde el ámbito católico, el obispo Sergio Buenanueva subrayó la validez del concepto de justicia social en el humanismo cristiano, en respuesta directa a las declaraciones de Milei. Analistas y periodistas remarcaron la importancia de mantener la separación entre Iglesia y Estado, advirtiendo sobre los riesgos de anteponer creencias religiosas a los deberes cívicos y constitucionales.

El caso del "milagro financiero" y la retórica presidencial han puesto en primer plano el debate sobre el papel de la religión en la vida pública argentina, en un contexto de creciente peso político de las iglesias evangélicas y de tensiones sociales y económicas. El desenlace de la investigación judicial y la evolución del vínculo entre el gobierno y los sectores religiosos serán claves en los próximos meses.