El Gobierno argentino derogó la resolución 118/2012, que imponía restricciones al patentamiento de medicamentos, mediante una resolución conjunta de los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). La nueva normativa otorga al INPI la facultad de analizar cada solicitud de patente de manera individual, bajo los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, eliminando los condicionamientos previos que dificultaban la llegada de nuevas terapias al país.

La medida fue celebrada por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que agrupa a laboratorios internacionales, al considerar que fortalece la seguridad jurídica y crea un entorno más previsible para la inversión y la innovación. Según CAEME, la actualización normativa facilitará la llegada de medicamentos innovadores y alineará a la Argentina con los estándares internacionales, permitiendo una mayor integración en cadenas globales de investigación y producción.

Por su parte, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) expresó su preocupación por el posible impacto negativo en la competencia y el acceso a medicamentos. CILFA advirtió sobre el riesgo de prácticas de "evergreening", mediante las cuales se extienden los monopolios de patentes sin aportar mejoras terapéuticas significativas. La entidad destacó que los medicamentos genéricos y biosimilares han generado ahorros anuales estimados en más de 2.200 millones de dólares y han ampliado la cobertura para los pacientes.

El gobierno defendió la reforma como una modernización del sistema de patentes, que permitirá el ingreso más ágil de tratamientos innovadores y protegerá el acceso a los medicamentos actualmente disponibles. Además, la resolución excluye la protección de datos de prueba y la extensión de plazos de patentes, lo que, según CILFA, contribuye a mantener un ecosistema procompetitivo.

Sectores críticos, como Prensa Obrera, denunciaron que la medida responde a presiones internacionales y podría favorecer la concentración del mercado en manos de grandes laboratorios, dificultando el acceso a medicamentos para la población y encareciendo los tratamientos.

El nuevo marco legal representa un cambio significativo en la política de salud y propiedad intelectual de Argentina, con efectos que se reflejarán en la dinámica del mercado farmacéutico y en la oferta de terapias para la población. El debate entre acceso, innovación y competencia sigue abierto, y la implementación de la normativa será clave para determinar su impacto real.