La farmacéutica Suizo Argentina S.A. se encuentra bajo investigación judicial tras la filtración de audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que sugieren la existencia de un sistema de pago de coimas vinculado a la empresa. El juez federal Sebastián Casanello ordenó allanamientos en sedes, domicilios y vehículos relacionados con la compañía, incautando dinero en efectivo y documentación relevante para la causa. Entre los directivos involucrados, Emmanuel Kovalivker, vicepresidente de Suizo Argentina, fue hallado con US$266.000 en sobres, mientras que el presidente, Jonathan Kovalivker, no fue localizado en su domicilio durante los procedimientos.

La investigación se centra en determinar la autenticidad de los audios, la existencia de pagos irregulares y el destino de los fondos estatales adjudicados a la droguería. En lo que va de 2025, el Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, realizó compras por más de $8.300 millones a Suizo Argentina S.A., incluyendo medicamentos de alto costo, oncológicos y para el control de VIH. La documentación oficial evidencia un flujo constante de recursos estatales hacia la empresa en un corto lapso de tiempo, lo que ha generado preocupación y debate público.

Por su parte, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), bajo el mando de Luis Petri, emitió un comunicado categórico desmintiendo cualquier acuerdo irregular con Suizo Argentina y aclarando que la relación comercial es previa a la actual gestión. IOSFA enfatizó la transparencia de sus procesos de licitación y rechazó la utilización política de la salud de sus afiliados.

Suizo Argentina S.A., fundada en 1923, es una de las principales droguerías del país y reportó una caída de ganancias y patrimonio en el último año, en medio de la crisis económica y la alta inflación que afecta al sector farmacéutico. La empresa sostiene una política de "tolerancia cero" ante la corrupción, según su código de ética, aunque la investigación judicial pone en tela de juicio la transparencia de sus operaciones.

El caso ha generado repercusiones políticas y mediáticas, con funcionarios y empresarios bajo la lupa y una sociedad atenta al desarrollo de la causa. Las próximas semanas serán clave para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, en un contexto de creciente demanda por transparencia y rendición de cuentas en las contrataciones estatales.