Un escándalo de presuntas coimas y contratos irregulares sacude al gobierno nacional, involucrando a la droguería Suizo Argentina, altos funcionarios y la obra social militar IOSFA. La investigación judicial, que se intensificó en los últimos días, apunta a la existencia de contratos millonarios entre IOSFA y Suizo Argentina, con cifras que, según versiones periodísticas, alcanzan los $25.000 millones cada seis meses. La orden de firmar estos contratos habría provenido de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, lo que complica aún más la situación política.

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se encuentra en el centro de la causa tras la difusión de audios en los que habría admitido maniobras ilegales en la compra de medicamentos. Spagnuolo fue hallado por la Policía en Pilar y analiza presentarse como arrepentido. Durante los allanamientos realizados por la Justicia federal, se incautaron U$S 266.000, $7 millones en efectivo, dispositivos electrónicos y una máquina de contar billetes. Los operativos incluyeron la sede de ANDIS, la droguería y domicilios particulares vinculados a los imputados, entre ellos miembros de la familia Kovalivker, propietaria de Suizo Argentina.

La empresa farmacéutica, con más de 100 años de trayectoria, mantiene estrechos vínculos políticos, especialmente en Tucumán, donde recibió subsidios y beneficios fiscales durante la gestión de Juan Manzur. En 2020, el gobierno provincial le otorgó una exención impositiva y un subsidio de $1.200 millones para instalarse en el Parque Industrial de Tucumán. Manzur, entonces gobernador, celebró públicamente la inversión y la generación de empleo.

El escándalo afecta directamente a la cobertura de salud de militares activos y retirados, quienes denuncian la falta de medicamentos y tratamientos debido a la crisis financiera de IOSFA. La Justicia investiga delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y posible asociación ilícita. Fuentes militares y opositores exigen transparencia y sanciones, mientras el caso pone en riesgo el acceso a la salud y el uso de fondos públicos.

El desenlace de la investigación podría tener implicaciones profundas en la gestión de recursos estatales y la confianza en las instituciones encargadas de la salud y el bienestar social.