El conflicto interno entre sectores que defienden a represores de la última dictadura militar argentina se ha intensificado en los últimos días, con Cecilia Pando, referente de estos grupos, criticando abiertamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Pando, en una entrevista radial, lamentó que los juicios por crímenes de lesa humanidad continúen y reprochó a Villarruel por no haber impulsado cambios desde su posición de poder, acusándola de haber traicionado la causa que ambas compartían en el pasado.

La tensión se agravó luego de que el presidente Javier Milei calificara a Villarruel como "bruta traidora", lo que evidenció la fractura interna en el gobierno y entre sus aliados. Pando recordó los años en que trabajaron juntas por la libertad de los militares detenidos y señaló que la relación se rompió por diferencias personales y políticas, especialmente por la ambición de poder que atribuye a la vicepresidenta. "A toda aquella persona que le puede hacer sombra la deja a un costado", afirmó Pando, agregando que muchas víctimas del terrorismo formaron sus propias organizaciones por desacuerdos con Villarruel.

El conflicto se ha manifestado también en denuncias cruzadas y campañas de hostigamiento. Villarruel presentó una denuncia contra Nicolás Márquez, biógrafo de Milei, por una supuesta campaña para forzar su renuncia, mientras que Márquez y otros ex aliados han revelado detalles sobre el financiamiento y las relaciones de Villarruel con figuras del pasado militar. Además, el silencio de la vicepresidenta ante el escándalo de la visita de diputados de La Libertad Avanza a represores en prisión y ante fallos judiciales clave, como el caso Larrabure, ha generado malestar en su entorno y especulaciones sobre su futuro político.

La llegada de Milei y Villarruel al poder había generado expectativas en sectores que buscan terminar con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, pero la falta de avances y las divisiones internas han frustrado esas esperanzas. El conflicto actual refleja las tensiones históricas entre organizaciones de derechos humanos y grupos que reivindican el accionar militar durante la dictadura, y pone en evidencia la complejidad de las alianzas políticas en el contexto argentino. Las consecuencias de esta fractura podrían impactar en la estabilidad del gobierno y en el debate sobre los derechos humanos en el país.