El escándalo por la distribución de fentanilo contaminado en Argentina ha alcanzado una dimensión nacional, con al menos 76 muertes confirmadas y una investigación judicial que sigue en curso. El caso involucra a los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo SA, cuya producción y comercialización de medicamentos fue formalmente inhibida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tras detectarse la contaminación bacteriana en ampollas de fentanilo utilizadas en hospitales públicos y privados de varias provincias.

La crisis sanitaria se originó en abril de 2025, cuando en el Hospital Italiano de La Plata se identificaron infecciones graves en pacientes de terapia intensiva, atribuidas a la administración de fentanilo contaminado con bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. La denuncia ante ANMAT se formalizó el 2 de mayo, y el organismo dispuso la prohibición de producción y comercialización de los lotes afectados el 11 de mayo. Según el juez federal Ernesto Kreplak, se habrían administrado unas 45.000 ampollas del lote contaminado, y el número de víctimas podría seguir aumentando a medida que avanza la investigación.

El impacto del caso trascendió el ámbito sanitario y llegó al Congreso, donde la oposición intentó sin éxito formar una comisión investigadora para esclarecer las responsabilidades políticas y empresariales detrás de la tragedia. El retiro de quórum por parte del bloque kirchnerista impidió la votación, generando fuertes críticas y acusaciones de encubrimiento. La diputada Silvana Giudici, impulsora de la iniciativa, denunció la falta de voluntad política para abordar el tema y exigió transparencia en la investigación.

En paralelo, ANMAT emitió un comunicado oficial desmintiendo versiones periodísticas sobre una supuesta habilitación de HLB Pharma para operar, reafirmando que la empresa se encuentra inhibida y sin autorización para producir, importar o comercializar medicamentos. El organismo reiteró su compromiso con la seguridad sanitaria y llamó a los medios a informar con responsabilidad.

La Justicia avanza en la investigación de los vínculos entre los laboratorios involucrados y sectores políticos, así como en la trazabilidad de los medicamentos distribuidos. El juez Kreplak señaló que la falta de controles y la posible complicidad de funcionarios permitieron la circulación masiva del fentanilo contaminado, mientras familiares de las víctimas y autoridades locales exigen respuestas y justicia.

El caso pone en evidencia graves fallas en el sistema de control de medicamentos y genera preocupación sobre la seguridad sanitaria en el país. La confianza en el sistema de salud y en la transparencia de las instituciones se ve seriamente afectada, mientras se espera que la investigación judicial arroje luz sobre las responsabilidades y se tomen medidas para evitar futuras tragedias.