El futbolista Matías Orihuela, reciente incorporación de San Martín de San Juan, fue protagonista de un incidente judicial en Mendoza tras ser detenido por la policía en Potrerillos el pasado 28 de julio. El episodio comenzó cuando Orihuela, acompañado por su esposa e hija, fue interceptado por un control policial luego de cometer una infracción de tránsito al sobrepasar un vehículo en doble línea amarilla.

Según el relato del jugador y su familia, el procedimiento policial se tornó violento tras la intervención de un segundo agente, quien habría propinado insultos discriminatorios y agresiones físicas. "Me trató de gil de mierda y me pegó un cachetazo", declaró Orihuela en una entrevista televisiva, mientras su esposa denunció que también fue víctima de insultos y frases discriminatorias. Los hechos fueron registrados en video por la familia y rápidamente viralizados en redes sociales.

Por su parte, la policía sostiene que Orihuela reaccionó de forma violenta, profirió amenazas y se resistió al procedimiento, llegando incluso a agredir a los agentes. El parte oficial indica que uno de los policías sufrió lesiones leves y que el futbolista rompió el acta de infracción, hechos que la familia desmiente.

La jueza penal Amalia Yornet concedió la libertad bajo fianza de $10 millones a Orihuela, quien permanece imputado por amenazas y resistencia a la autoridad. Además, se le impuso la prohibición de salir del país, la entrega de su pasaporte y la obligación de presentarse semanalmente ante la Justicia mientras avanza la investigación. La decisión judicial se basó en la inexistencia de antecedentes penales y la baja probabilidad de riesgo procesal.

El caso generó debate público sobre el accionar policial y el trato a figuras públicas, en un contexto de creciente escrutinio sobre la violencia institucional en Argentina. El Club San Martín de San Juan, por el momento, no emitió declaraciones y aguarda el desarrollo de la causa. La investigación continúa, con versiones contrapuestas y videos como prueba central, mientras la sociedad sigue atenta a la resolución judicial y sus posibles implicancias para el vínculo entre ciudadanos y fuerzas de seguridad.