La investigación sobre el caso $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei, ha revelado que uno de los principales implicados, Julian Peh, CEO de Kip Protocol, podría ser una identidad falsa. Interpol Singapur respondió a la justicia argentina que no existen registros de Peh en ese país, lo que ha complicado el avance de la causa judicial y ha generado especulaciones sobre su verdadera identidad, que podría ser Bai Qihao, según documentos obtenidos en Estados Unidos y registros académicos.

El 19 de octubre de 2024, Milei se reunió con Peh en el Hotel Libertador de Buenos Aires durante el Tech Forum, evento organizado por empresarios del sector cripto. En esa ocasión, discutieron sobre el potencial de la tecnología blockchain y la inteligencia artificial para respaldar la economía argentina. Días después, el presidente promocionó el lanzamiento de $LIBRA en redes sociales, lo que atrajo inversiones de miles de personas. Sin embargo, el colapso del token generó pérdidas millonarias y desencadenó una investigación judicial por presunta estafa.

La causa, a cargo del fiscal Eduardo Taiano y la jueza María Servini, incluye imputaciones a Milei, su hermana Karina, empresarios como Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y asesores vinculados al proyecto. La investigación se ha visto demorada por el uso de datos incompletos en los pedidos de cooperación internacional y la falta de registros migratorios de Peh. Además, la fiscalía ha solicitado la trazabilidad de transferencias realizadas por Davis y el análisis de dispositivos electrónicos de los imputados, aunque el acceso a la información cruda ha sido restringido por motivos de privacidad.

Tras el colapso de $LIBRA, Kip Protocol publicó mensajes en redes sociales desligando a Milei del proyecto y atribuyendo la iniciativa a actores privados. Sin embargo, los registros oficiales muestran que Peh participó activamente en reuniones con el presidente y otros funcionarios. Por su parte, Davis realizó una gira de negocios por Argentina y países vecinos, evaluando inversiones en energía y minería, y mantuvo encuentros con empresarios y funcionarios locales.

El caso ha generado preocupación sobre la seguridad y regulación de las criptomonedas en Argentina, así como el rol de figuras públicas en la promoción de proyectos financieros. Los damnificados han iniciado demandas civiles en Estados Unidos y buscan ampliar la investigación para recuperar los fondos perdidos. La respuesta de Interpol y la falta de cooperación internacional han puesto en evidencia las dificultades para esclarecer la identidad de los involucrados y avanzar en la causa. Se espera que nuevas medidas judiciales permitan identificar a los responsables y determinar el alcance de la presunta estafa.