El escándalo por la producción y distribución de fentanilo contaminado en Argentina ha puesto en jaque al sistema de control sanitario y judicial. Más de un centenar de muertes en hospitales y clínicas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires están bajo investigación, luego de que se detectara la administración de lotes de fentanilo infectados con bacterias letales. Los productos fueron elaborados por Laboratorios Ramallo SA y distribuidos por HLB Pharma Group SA, ambas empresas bajo la dirección de Ariel García Furfaro, actualmente detenido junto a otros directivos y técnicos.

Las inspecciones realizadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) entre noviembre y diciembre de 2024 revelaron más de 650 irregularidades en la planta de Ramallo, incluyendo graves riesgos sanitarios, falta de validaciones de procesos y condiciones laborales insalubres. Empleados del laboratorio relataron la presencia de ratas, temperaturas extremas y presión para falsear registros de producción, lo que contribuyó a la contaminación de los medicamentos.

A pesar de las advertencias, la clausura definitiva de la planta y la suspensión de la producción llegaron recién en febrero de 2025, cuando el escándalo ya había cobrado notoriedad pública. En agosto de 2025, nuevas inspecciones motivadas por imágenes aéreas mostraron miles de ampollas y residuos farmacéuticos peligrosos abandonados en el predio del laboratorio, generando alarma ambiental y la intervención del Ministerio de Ambiente bonaerense.

El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, investiga la responsabilidad de los directivos y técnicos, mientras que la ANMAT advierte sobre el riesgo de comercialización de productos inseguros y la necesidad de reforzar los controles regulatorios. Ex empleados denuncian presiones y temen represalias, mientras que las autoridades ambientales califican la situación como una "bomba de tiempo ambiental". El caso ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar los sistemas de control y fiscalización en la industria farmacéutica argentina, así como la gestión de residuos peligrosos, para evitar futuras tragedias.