El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, resolvió dar de baja a la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y a la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín. La medida, oficializada mediante las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025 publicadas en el Boletín Oficial, responde a la falta de respuesta de ambas entidades a los requerimientos y observaciones formuladas por el organismo de control, tras haber sido declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años.

Según informaron fuentes oficiales, las obras sociales no lograron subsanar las irregularidades detectadas ni presentaron la documentación solicitada, lo que motivó la baja de su inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS). "No hay lugar para quienes tengan irregularidades o no ofrezcan servicios de calidad. Quienes no cumplan con las normas serán dados de baja", señalaron desde la Superintendencia.

La decisión se enmarca en el proceso de reordenamiento del sistema de salud impulsado por el Ministerio de Salud y la Superintendencia, cuyo objetivo es fortalecer la sustentabilidad de los agentes y garantizar servicios de calidad a los beneficiarios. En la última semana, ya suman cinco las obras sociales excluidas del registro, mientras que otras entidades se encuentran en proceso de baja.

Para los beneficiarios, el Gobierno aseguró la continuidad de la cobertura de salud. "Los beneficiarios deben ser informados de la situación y tienen garantizada la continuidad de la cobertura a partir de ejercer el derecho a realizar la opción de cambio a otro agente. De no hacerlo, será la Superintendencia quien asigne una cobertura de similares características", explicaron fuentes gubernamentales.

El titular de la Superintendencia, Gabriel Oriolo, destacó que la actual gestión intensificó los controles sobre los agentes del seguro y que el objetivo es "velar por la sustentabilidad de los agentes y promover una competencia transparente, de modo que los beneficiarios tengan libertad para elegir la cobertura que prefieran".

El proceso de depuración del sistema de salud se da en un contexto de cambios en el cálculo de subsidios y auditorías más estrictas, que han impactado especialmente en las obras sociales de menor tamaño. El sistema cuenta actualmente con casi 300 agentes en todo el país, bajo revisión permanente. Desde el oficialismo se enfatiza la eliminación de entidades que solo se inscribían para obtener subsidios o brindar servicios deficientes, en busca de un sistema más eficiente y transparente.