El cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Guerrero, fue procesado por la Justicia Federal tras ser acusado de herir gravemente al fotógrafo Pablo Grillo durante una manifestación en defensa de los jubilados, realizada el pasado 12 de marzo frente al Congreso Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. La jueza María Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, dictó el procesamiento por los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas, ambos agravados por la condición de Guerrero como miembro de una fuerza de seguridad.

Según la investigación judicial, Guerrero disparó un cartucho de gas lacrimógeno calibre 38 mm que impactó en la cabeza de Grillo, quien se encontraba agachado tomando fotografías a unos 47 metros de la línea de las fuerzas de seguridad. El informe del Cuerpo Médico Forense determinó que las lesiones sufridas por Grillo pusieron en riesgo su vida y le causaron secuelas neurológicas y físicas de extrema gravedad. Al 10 de septiembre, el estado de Grillo era de deterioro cognitivo severo, sin poder responder a preguntas simples ni alimentarse por sus propios medios, aunque su familia reportó una evolución positiva en las últimas semanas.

La jueza Servini consideró probado que Guerrero efectuó el disparo de manera horizontal y antirreglamentaria, a sabiendas del riesgo que implicaba para la integridad física de los manifestantes. Además, se comprobó que Guerrero realizó otros cinco disparos con el mismo accionar irregular en menos de diez minutos. La identificación del gendarme fue posible gracias al análisis de material audiovisual y detalles en su uniforme, como la inscripción “Picha” en el casco.

En su declaración indagatoria, Guerrero admitió haber disparado el cartucho pero negó haber tenido intención de lastimar a nadie, argumentando dificultades de visibilidad. Sin embargo, la Justicia descartó este argumento y sostuvo que el gendarme actuó con dolo eventual, es decir, aceptando el riesgo de causar daño grave. Como medida cautelar, se ordenó un embargo de 203 millones de pesos sobre los bienes de Guerrero, la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades, aunque no se dictó prisión preventiva.

El caso se suma a una serie de investigaciones sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en protestas públicas, reavivando el debate sobre los protocolos de uso de la fuerza y la protección de periodistas. Organismos de derechos humanos y la querella de la familia Grillo destacaron la gravedad del hecho y la necesidad de sanciones ejemplares. La jueza subrayó la importancia de respetar los protocolos para evitar daños irreparables y garantizar la seguridad de los ciudadanos en manifestaciones públicas. El desenlace judicial y las secuelas de Grillo continúan generando preocupación en el ámbito periodístico y social.