El Gobierno nacional dispuso el cierre y proceso de disolución de la Obra Social del Personal de la Industria Botonera (OSPIB), en el marco de una serie de medidas para reordenar el sistema de salud sindical. La decisión, oficializada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), responde a una crisis financiera e institucional que la entidad no logró superar, según se detalla en la resolución publicada en el Boletín Oficial.

Fuentes oficiales indicaron que OSPIB contaba con apenas 50 afiliados y enfrentaba una merma sostenida en su población beneficiaria, reducción de aportes, incremento de costos médicos y deudas judiciales. "No pudo superar los factores de criticidad requeridos para funcionar", señalaron desde la SSS. El Consejo Directivo de la obra social actuará como comisión liquidadora, debiendo llevar adelante el proceso administrativo de liquidación o, en su caso, promover la solicitud de quiebra.

Mientras se consolida el proceso, OSPIB deberá continuar prestando cobertura de salud e informar a sus beneficiarios sobre el derecho de opción de cambio a otro agente del seguro de salud. Esta medida se suma a la reciente eliminación de la Obra Social del Personal Aduanero (OSPAD), la primera liquidación formal de la gestión de Javier Milei, tras detectarse múltiples irregularidades y la ausencia de afiliados y prestaciones.

El Gobierno intensificó las auditorías y controles sobre las obras sociales, declarando en crisis a 11 entidades en las últimas semanas. Además, se modificó el cálculo de subsidios, lo que afectó principalmente a las obras sociales con menos de 5.000 afiliados, reduciendo sus recursos y favoreciendo a las de mayor estructura.

Desde la llegada de la medicina prepaga en los años 90, las obras sociales sindicales han perdido afiliados, situación que se profundizó con la desregulación impulsada por la actual administración. El decreto 170/2024 permite a los trabajadores elegir libremente su obra social o prepaga, sin intermediación sindical, impactando a más de 14 millones de personas.

El Gobierno sostiene que estas medidas buscan garantizar la transparencia, la libre competencia y la calidad de las prestaciones. Sin embargo, los sindicatos advierten sobre el riesgo de pérdida de recursos y la continuidad de la cobertura para los afiliados. El proceso de reordenamiento del sistema de salud sindical continúa, con nuevas auditorías y posibles cierres en el horizonte.