El Gobierno argentino derogó la resolución 118/2012, que imponía criterios restrictivos para la concesión de patentes farmacéuticas, en una decisión que reconfigura el escenario del sector y genera posiciones encontradas entre laboratorios nacionales y extranjeros. La medida, oficializada mediante una resolución conjunta de los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), elimina el decálogo de requisitos técnicos que regía desde hace 14 años y otorga al INPI la potestad de evaluar cada solicitud de patente de manera individual.

Desde el Ejecutivo y los laboratorios internacionales, nucleados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), la reforma es vista como un avance en la defensa de la propiedad intelectual y una oportunidad para atraer inversiones y facilitar la llegada de terapias innovadoras. "El sistema de patentes farmacéuticas se moderniza para garantizar el acceso a mejores tratamientos", señalaron fuentes oficiales. CAEMe consideró que la actualización normativa es "un paso fundamental para generar un entorno más previsible para la inversión, la investigación y el desarrollo".

En contraste, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) expresó su preocupación por el posible avance de monopolios a través de las llamadas patentes de "evergreening", que protegen innovaciones menores y pueden obstaculizar la competencia de genéricos y biosimilares. CILFA subrayó que la política anterior permitió ahorros estimados en u$s3.321 millones para 2025 y facilitó el acceso a medicamentos más económicos para el sistema de salud y los pacientes.

El nuevo marco legal, alineado con compromisos internacionales, especialmente con Estados Unidos, busca fortalecer la seguridad jurídica y la integración de Argentina en cadenas globales de valor. Sin embargo, especialistas advierten sobre la necesidad de una implementación rigurosa por parte del INPI para evitar abusos y garantizar que solo se concedan patentes a innovaciones genuinas.

La resolución no afecta a los medicamentos ya comercializados, que seguirán disponibles para los pacientes. El debate sobre el equilibrio entre innovación, acceso y competencia en el sector farmacéutico argentino continúa abierto, con el INPI como actor clave en la etapa de aplicación de la nueva normativa.