El Congreso de la Nación se prepara para debatir un controvertido proyecto de ley que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en el marco de un nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, ha generado un intenso debate entre sectores políticos, sociales y religiosos.

El proyecto propone derogar la Ley 22.278, vigente desde 1980, y establecer un sistema que contemple penas alternativas y medidas complementarias para menores en conflicto con la ley. Entre las disposiciones, se prohíben las penas perpetuas para adolescentes y se busca alinear la legislación con estándares internacionales en derechos de la infancia.

La Iglesia Católica, a través de monseñor Dante Braida, presidente de la Comisión de Pastoral Social, expresó su rechazo al proyecto. "No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz", afirmó Braida, quien abogó por un enfoque multisectorial que ataque las causas de la delincuencia juvenil.

El oficialismo confía en obtener un dictamen favorable gracias a acuerdos con sectores de la UCR, PRO y otros bloques aliados. Sin embargo, la oposición, incluyendo al kirchnerismo, la izquierda y organismos de derechos humanos, se opone firmemente a la medida. Argumentan que el proyecto es punitivo y no aborda las causas estructurales de la problemática.

El debate se aceleró tras casos de inseguridad protagonizados por menores, como el asesinato de una niña de 7 años, que conmocionó al país. Legisladores oficialistas sostienen que la reforma es necesaria para garantizar el debido proceso y proteger a la sociedad, mientras que críticos advierten sobre la falta de infraestructura adecuada para menores y el riesgo de agravar las problemáticas en los regímenes penitenciarios.

El proyecto también incluye la posibilidad de penas atenuadas, como prisión domiciliaria o internación en institutos especializados, y establece que la prisión será la última instancia, reservada para los casos más graves. Además, se prohíbe que menores cumplan penas en cárceles comunes junto a adultos.

El debate continuará en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, donde se espera un dictamen en los próximos días. La discusión promete ser intensa, con posturas encontradas sobre cómo abordar la delincuencia juvenil en el país.