La renuncia de José Luis Espert a su candidatura y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados ha provocado una fuerte crisis política en el oficialismo argentino. El hecho se desencadenó tras la revelación de un contrato por un millón de dólares entre Espert y el empresario Fred Machado, recientemente extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. El documento, hallado en la casa de Machado durante un allanamiento, confirma que Espert recibió al menos 200 mil dólares, aunque el acuerdo estipulaba pagos mensuales por asesoría económica que podrían haber alcanzado el millón de dólares.

La denuncia, impulsada por el dirigente Juan Grabois, sostiene que los fondos provienen de una organización criminal con ramificaciones internacionales. La Justicia argentina, alertada previamente por autoridades estadounidenses, inició una investigación por lavado de dinero y autorizó el allanamiento de la oficina de Espert en el Congreso. El legislador, aunque renunció a cargos clave, mantiene sus fueros como diputado, lo que complica el avance judicial.

El escándalo ha tenido un fuerte impacto en la imagen del presidente Javier Milei y en la campaña de La Libertad Avanza, que enfrenta dificultades para reimprimir boletas y remover a Espert de la lista electoral. El ministro del Interior, Lisandro Catalán, informó que el proceso logístico y legal para la reimpresión es complejo y costoso, y aún no se ha resuelto.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, reconoció públicamente los errores en la selección de candidatos y el daño político causado por el episodio. "Espert cometió muchos errores y dijo cosas que no se sostenían en los hechos. Esto necesariamente tenía que culminar en una renuncia", afirmó Francos, quien también admitió la fragilidad de las alianzas parlamentarias y la necesidad de ampliar la base política del gobierno.

El caso ha reavivado el debate sobre el financiamiento de campañas y la influencia de sectores privados en la política argentina. La oposición y diversos medios han criticado la falta de controles y la vulnerabilidad del oficialismo ante escándalos de esta magnitud. Mientras tanto, el gobierno busca fortalecer sus alianzas con sectores tradicionales como el PRO y contener el daño en plena campaña electoral.

La crisis de Espert se suma a otros reveses recientes para Milei, en un contexto de alta volatilidad política y económica. El episodio pone en cuestión la transparencia y la selección de candidatos, instalando el debate sobre los vínculos ilícitos y el financiamiento político como tema central de la campaña. Las consecuencias judiciales y políticas del caso aún están por definirse, mientras el oficialismo intenta recuperar la iniciativa y blindar su imagen de cara a las próximas elecciones.