La Justicia Federal de San Isidro llevó a cabo allanamientos en la residencia del diputado José Luis Espert, ubicada en Beccar, y en su despacho del Congreso de la Nación, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. El procedimiento, autorizado por la Cámara de Diputados con 215 votos afirmativos y tres abstenciones, responde a la sospecha de transferencias de fondos provenientes del empresario Federico “Fred” Machado, quien enfrenta cargos de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos y cuya extradición fue recientemente aprobada por la Corte Suprema argentina.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la Policía Federal y Gendarmería Nacional, bajo la orden del juez Lino Mirabelli. Durante el allanamiento, se secuestraron el celular de Espert y otros dispositivos tecnológicos, además de documentación relevante para la causa. El despacho de Espert en el Congreso fue precintado y custodiado desde la noche anterior, y el procedimiento se realizó en horas de la mañana, con la presencia de testigos civiles y personal judicial.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, tras el hallazgo de una transferencia de USD 200.000 de Machado a Espert. Además, se encontró un contrato por USD 1.000.000 entre Espert y la empresa Minas del Pueblo, vinculada a Machado, durante un allanamiento en la casa del empresario en Viedma. Espert, quien realizó 36 vuelos en aviones de Machado durante la campaña presidencial de 2019, sostiene que el dinero recibido fue un adelanto por servicios profesionales que nunca se concretaron debido a la pandemia.

El abogado de Espert, Alejandro Freeland, denunció irregularidades en el procedimiento, señalando que inicialmente no se le permitió ingresar al allanamiento. Por su parte, el bloque libertario respaldó la autorización judicial, aunque se registraron discusiones internas sobre la votación y el resguardo de los fueros parlamentarios.

En medio del escándalo, Espert renunció a su candidatura y pidió licencia en la Cámara de Diputados, aunque mantiene sus inmunidades parlamentarias. La causa continúa bajo secreto de sumario y no se han dictado órdenes de detención contra el diputado. El caso se suma a otra investigación en Comodoro Py por vuelos financiados por Machado, mientras el gobierno nacional anunció que concederá la extradición del empresario a Estados Unidos. El desarrollo de la causa podría tener implicaciones políticas y judiciales de relevancia en los próximos meses.