El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dispuso una profunda reorganización administrativa en el Estado provincial, que implica la reducción del 30% en el número de agencias estatales. La medida, formalizada mediante decreto y enmarcada en la Ley N° 11.015, apunta a optimizar la gestión pública, fortalecer la transparencia y adaptar la estructura estatal a los nuevos marcos normativos.

Según lo informado por el Gobierno, las agencias de Cultura, Deportes, Turismo e Inversión serán disueltas y pasarán a funcionar como entes autárquicos, manteniendo sus nombres y funciones específicas. "Con esto se busca optimizar e innovar en políticas públicas", afirmó Pablo De Chiara, titular de la Agencia ProCórdoba. El nuevo formato permitirá mayor autonomía administrativa y financiera, sin perder la vinculación con el Poder Ejecutivo.

Además, se creó el ente autárquico "ProCórdoba", bajo la órbita del Ministerio de Economía y Gestión Pública, que integrará las competencias y recursos de la Agencia ProCórdoba, Córdoba Innovar y Emprender, y la Agencia para la Competitividad de Córdoba. El objetivo es unificar estrategias de promoción de inversiones, innovación y exportaciones.

El decreto garantiza la reubicación del personal y la reasignación de bienes y recursos materiales a los nuevos entes autárquicos. Los ministerios de Gobierno y Economía y Gestión Pública estarán a cargo del proceso de disolución y constitución, con la intervención de la Fiscalía de Estado. El Ministerio de Economía y Gestión Pública también tendrá la facultad de realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para asegurar la implementación de la medida.

Esta reforma institucional sigue la línea de modernización anunciada por Llaryora en la apertura de sesiones de la Legislatura y ratificada en abril con la disolución de la Agencia de Conectividad Córdoba. El Ejecutivo provincial sostiene que la nueva etapa busca potenciar la eficiencia del Estado y consolidar un modelo de gestión "más ágil y sostenible". Hasta el momento, no se han registrado reacciones públicas de sindicatos o partidos opositores en las fuentes consultadas.