El gobierno de Javier Milei atraviesa su momento más crítico tras sufrir una derrota legislativa sin precedentes en la Cámara de Diputados, donde se rechazaron sus vetos a la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario. La votación, que contó con 181 votos en contra y solo 60 a favor, evidenció la pérdida de apoyo tanto de aliados como de sectores propios, profundizando la crisis política del oficialismo.

Este revés se suma a la emergencia en discapacidad ya ratificada por el Congreso y a la insistencia en el Senado sobre el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La fractura interna en La Libertad Avanza y el PRO, junto con la desconfianza de gobernadores y legisladores, debilita la capacidad de negociación del Ejecutivo. La reacción de figuras como Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, quienes se distanciaron del gobierno, refleja el deterioro de las alianzas políticas.

En paralelo, el mercado financiero mostró señales de alarma: el dólar oficial superó los $1470, el Banco Central debió vender reservas y el riesgo país alcanzó los 1260 puntos. Las restricciones impuestas por el FMI limitan la capacidad de intervención de Caputo y Bausili, mientras la recesión y la inflación generan preocupación en los sectores productivos y consumidores.

Las movilizaciones masivas en Buenos Aires y otras ciudades, en defensa de la salud y la educación pública, evidencian el creciente descontento social. El presupuesto presentado por el Ejecutivo, basado en proyecciones optimistas de inflación y crecimiento, es recibido con escepticismo por legisladores y analistas.

En este contexto, el gobierno intenta recomponer relaciones con los gobernadores y promete mayor gasto en áreas sensibles, pero enfrenta dudas sobre la viabilidad de sus propuestas. Caputo reconoció públicamente que la gobernabilidad no está asegurada ni siquiera con un triunfo electoral en octubre, subrayando la fragilidad del momento político.

La derrota bonaerense del 7 de septiembre y los reveses legislativos recientes marcan un punto de inflexión para la administración Milei, que deberá redefinir su estrategia para recuperar la confianza y la estabilidad institucional. El futuro inmediato dependerá de la capacidad del gobierno para negociar consensos y responder a las demandas sociales en un clima de creciente incertidumbre.