Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", fue trasladado al penal de Cañete, en la región de Lima, Perú, donde permanecerá bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso de extradición a la Argentina. El joven de 20 años es señalado por la Justicia bonaerense como el autor intelectual del triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, ocurrido en Florencio Varela, un caso que ha conmocionado a la sociedad argentina por su brutalidad y presunto trasfondo narco.

La detención de "Pequeño J" se produjo en Pucusana, al sur de Lima, tras una investigación conjunta entre autoridades argentinas y peruanas. El acusado fue ingresado al penal de Cañete, uno de los más superpoblados del sistema penitenciario peruano, donde las condiciones de hacinamiento y los servicios limitados son una constante. Según el Instituto Nacional Penitenciario, el penal alberga casi el doble de su capacidad y enfrenta desafíos en seguridad y convivencia.

Durante su ingreso, Valverde Victoriano fue sometido a pericias psicológicas que, según informes oficiales, revelaron rasgos psicopáticos, antisociales y una marcada falta de empatía. Las autoridades argentinas sostienen que el acusado lideraba una red narco transnacional, delegando las acciones más violentas a otros miembros para evitar antecedentes penales directos.

En la primera audiencia en Lima, "Pequeño J" rechazó la extradición simplificada y se declaró inocente, argumentando, a través de su defensa, que en Argentina no existen garantías de una investigación clara. El juez peruano dictó prisión preventiva por nueve meses con fines de extradición, mientras el proceso judicial sigue su curso. Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, la extradición podría concretarse en un plazo de 10 a 15 días, aunque la defensa busca demorar el traslado.

El caso ha sido comparado con otros procesos de extradición de narcos peruanos y ha reavivado el debate sobre la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Las autoridades argentinas han hecho un llamado a fortalecer las políticas de Estado en materia de seguridad y justicia, mientras familiares y allegados de las víctimas y del acusado expresan posturas encontradas en los medios. El desenlace del proceso de extradición será clave para el avance de la causa en Argentina y podría marcar un precedente en la cooperación judicial entre ambos países.