El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, anunció una reforma migratoria que endurecerá los requisitos para la residencia y ciudadanía, además de implementar medidas para deportar a extranjeros que cometan delitos. Este anuncio, realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, se enmarca en la recta final de la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las principales medidas, se destaca que ningún extranjero condenado podrá ingresar al país y aquellos que cometan delitos serán deportados, independientemente de la gravedad de la pena. Además, los inmigrantes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud y presentar un seguro médico al ingresar al país. Las universidades nacionales también estarán habilitadas para cobrar aranceles a estudiantes extranjeros, respetando su autonomía.

La reforma será implementada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), lo que ha generado críticas por evitar el debate legislativo. Según el Gobierno, estas medidas buscan reducir el impacto económico de la atención a extranjeros, que en 2024 costó $114.000 millones, y garantizar la sostenibilidad del sistema de salud público.

Adorni justificó la reforma señalando que "Argentina no será tierra fértil para delincuentes" y destacó que, en el último año y medio, el 40% de los 4300 extranjeros detenidos en Buenos Aires fueron por robo o hurto. También se anunció que la ciudadanía argentina solo se otorgará a quienes residan dos años ininterrumpidos en el país.

El anuncio ha generado reacciones divididas. Mientras el Gobierno defiende la medida como un paso hacia un país más seguro y ordenado, sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos cuestionan su constitucionalidad y su impacto en los derechos de los migrantes. La reforma recuerda al DNU 70/2017 de Mauricio Macri, que fue declarado inconstitucional en 2021 por imponer restricciones regresivas a los derechos humanos de los migrantes.

En el contexto electoral, el anuncio busca consolidar el apoyo del electorado de derecha, alineándose con políticas antimigratorias similares a las implementadas por Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, el debate sobre su efectividad y sus implicaciones legales y sociales continúa abierto.