En un anuncio realizado a pocos días de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, presentó una reforma migratoria que endurece los requisitos para la residencia y ciudadanía, además de imponer aranceles a servicios de salud y educación para extranjeros. La medida, que será implementada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), busca restringir el acceso de inmigrantes al país y optimizar el uso de recursos públicos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló que los extranjeros condenados no podrán ingresar al país y que aquellos que cometan delitos serán deportados. Además, los residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud y presentar un seguro médico al ingresar al país. En cuanto a la ciudadanía, esta solo se otorgará a quienes residan de forma continua durante dos años en el territorio nacional.

"Argentina es una tierra de inmigrantes, pero no de delincuentes. No queremos que quienes infringen la ley permanezcan en nuestro país", afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante el anuncio. Según datos oficiales, la atención médica a extranjeros costó $114.000 millones en 2024, cifra que el Gobierno busca reducir con estas medidas.

La reforma también habilita a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros, respetando su autonomía. Sin embargo, expertos señalan que el impacto económico real de esta medida podría ser menor al argumentado por el Gobierno, dado que los estudiantes extranjeros representan solo el 4,5% del total en el sistema universitario argentino.

La medida ha generado reacciones polarizadas. Mientras el oficialismo la defiende como un paso necesario para consolidar un país "serio" y proteger los recursos nacionales, la oposición y organizaciones de derechos humanos la critican por ser regresiva y contraria a estándares internacionales. "Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de forma irregular", argumentó Adorni, justificando la reforma.

El anuncio se enmarca en una estrategia electoral del oficialismo, que busca captar votos de sectores conservadores en la recta final de la campaña. No obstante, la medida también ha reavivado el debate sobre los límites entre seguridad, economía y derechos humanos en el país. La implementación del DNU y sus posibles implicaciones legales y sociales serán temas de discusión en los próximos días.