El Gobierno argentino ha anunciado una serie de medidas destinadas a fomentar el uso de dólares no declarados en la economía formal. Estas políticas buscan reducir la volatilidad cambiaria, fortalecer las reservas del Banco Central y estimular la actividad económica en un contexto de alta dolarización informal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el objetivo principal es remonetizar la economía mediante la incorporación de dólares que actualmente están fuera del sistema financiero. "Queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones", afirmó Caputo, quien también destacó que estas medidas podrían ayudar a reducir la inflación y estabilizar el tipo de cambio.

Entre las iniciativas propuestas se encuentran la reducción del impuesto al cheque para transacciones en dólares, la habilitación de pagos en moneda extranjera mediante códigos QR y tarjetas, y beneficios fiscales para operaciones realizadas en dólares. Además, se estudia la posibilidad de permitir a los productores agropecuarios realizar compras de insumos directamente en dólares, eximiéndolos de ciertos impuestos.

Sin embargo, estas políticas han generado controversia. Expertos en economía y derecho advierten que podrían violar normativas internacionales contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central, calificó las medidas como un "blanqueo encubierto" que va en contra de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Por otro lado, sectores del ámbito privado, como el agro, han recibido con optimismo estas propuestas, ya que podrían facilitar sus operaciones y reducir costos. No obstante, la implementación de estas medidas en un año electoral añade un componente de incertidumbre, tanto en términos políticos como económicos.

En el corto plazo, se espera que estas políticas puedan generar un impacto positivo al movilizar dólares hacia el sistema financiero y estimular el consumo. Sin embargo, su sostenibilidad a largo plazo dependerá de factores como la confianza del público y el cumplimiento de normativas internacionales. En un contexto de crisis económica y alta volatilidad, el éxito de estas medidas está lejos de estar garantizado.