El Poder Judicial de San Juan oficializó el ascenso de 246 empleados, lo que representa el 12% de la planta total de 2.062 agentes. La medida fue formalizada mediante una acordada firmada el 29 de octubre por la presidenta de la Corte, Adriana García Nieto, junto a los ministros Marcelo Lima, Guillermo De Sanctis y Juan José Victoria, el camarista Juan Carlos Noguera Ramos y el fiscal general interino Daniel Galvani. La publicación en el Boletín Oficial se realizó el 3 de noviembre, y los beneficiados fueron notificados formalmente.

Según fuentes oficiales, los ascensos se distribuyeron en un 9% para el escalafón de Magistratura, 80% para Administrativo y Técnico, y 11% para Obrero, Maestranza y Servicios. La Corte indicó que se priorizó al personal con mayor antigüedad sin ascensos previos, y que a partir del próximo año los procesos serán más reducidos, tras dos años de promociones masivas. Además, se confirmaron unas 20 vacantes que serán cubiertas gradualmente.

Entre los ascendidos figuran familiares de magistrados y funcionarios judiciales, como Guadalupe Olivares Allende, hija del cortista Daniel Olivares Yapur, quien fue promovida a oficial técnico. El propio ministro se abstuvo de firmar la acordada para evitar observaciones. También aparecen Gonzalo Victoria, sobrino del ministro Juan José Victoria; Aldo Morassutti, cuñado de Guillermo De Sanctis; María Cecilia Farina, hija del juez Pablo Farina; y Rocío Otiñano, hija del juez Walter Otiñano. Además, el secretario general de la Unión Judicial, Sebastián López Balaguer, fue promovido a jefe de Despacho. María José Gioja, hija del exintendente de Rawson, también figura entre los ascendidos.

El proceso generó polémica y críticas públicas, especialmente por la presencia de familiares y allegados en los ascensos. Sin embargo, la Corte defendió la legalidad y transparencia del procedimiento, señalando que toda la documentación se publica en el Boletín Oficial y que los ascensos se realizaron conforme al reglamento. En años anteriores, situaciones similares generaron controversia, como el ascenso de la hija del cortista De Sanctis en 2024, que fue objeto de debate sobre la ética pública.

La Corte expresó malestar por las críticas recibidas, mientras sectores gremiales y parte de la opinión pública cuestionaron la presencia de vínculos familiares y políticos en los ascensos. El tema sigue siendo motivo de debate en la provincia, donde la transparencia y la equidad en los procesos de promoción dentro del Poder Judicial continúan bajo la mirada de la sociedad.