El gobierno argentino derogó la resolución 118/2012, que imponía restricciones al patentamiento de medicamentos, en una decisión que reconfigura el régimen de propiedad intelectual en el sector farmacéutico. La medida, formalizada mediante una resolución conjunta de los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), otorga a este organismo la potestad de analizar cada solicitud de patente de manera individual, eliminando los condicionamientos técnicos que regían desde hace más de una década.

La reforma busca alinear a la Argentina con los estándares internacionales y facilitar la integración en cadenas globales de investigación y producción. Según el comunicado oficial, el nuevo sistema de patentes farmacéuticas "garantiza el acceso a mejores tratamientos" y fortalece la seguridad jurídica, un reclamo histórico de los laboratorios internacionales. "Aquella resolución había hecho muy difícil obtener la patente de un medicamento en Argentina, demorando la llegada de terapias innovadoras", declaró el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que agrupa a laboratorios extranjeros, celebró la medida por considerar que promueve la innovación y la llegada de nuevas terapias. "Es un paso fundamental para generar un entorno más previsible para la inversión y el desarrollo en salud", señalaron. Por su parte, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) expresó preocupación por el riesgo de monopolios y el aumento de precios, advirtiendo sobre el fenómeno del "evergreening", que permite extender la vigencia de patentes mediante innovaciones menores.

El nuevo marco legal establece que los medicamentos ya comercializados podrán seguir en el mercado sin restricciones ni pago de regalías, incluso si se otorgan nuevas patentes. CILFA destacó que el modelo anterior generaba ahorros anuales estimados en más de 3.000 millones de dólares y permitía una mayor cobertura de pacientes a menor costo.

La decisión responde a compromisos asumidos en acuerdos comerciales con Estados Unidos y es vista como un paso clave para la futura adhesión al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), que será debatido en el Congreso. Diplomáticos y sectores de la industria local critican que la medida se adoptó sin obtener beneficios comerciales concretos a cambio, como la reducción de aranceles para exportaciones argentinas.

El debate político y económico se traslada ahora al Congreso, donde se enfrentarán los modelos de apertura internacional y protección de la industria nacional. El resultado de esta discusión definirá el futuro del sector farmacéutico y la inserción internacional de la Argentina.