El Gobierno argentino concretó un nuevo acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), comprometiéndose a implementar una serie de reformas estructurales y ajustes fiscales que abarcan desde el sistema jubilatorio y los programas sociales hasta la privatización de empresas estatales y la reducción de subsidios energéticos. El acuerdo, que se enmarca en el programa de facilidades extendidas, prevé metas macroeconómicas y reformas que deberán ejecutarse entre septiembre de 2025 y diciembre de 2026.

En el marco de este acuerdo, el Tesoro nacional abonó este miércoles más de USD 780 millones al FMI en concepto de intereses y comisiones, apenas 48 horas después de recibir un desembolso de USD 2.000 millones por parte del organismo internacional. Con este pago, las reservas internacionales brutas del Banco Central se redujeron en USD 576 millones, situándose en USD 42.141 millones. El FMI ya ha transferido USD 14.000 millones de los USD 20.000 millones pactados con el Gobierno de Javier Milei, quien flexibilizó el cepo cambiario y adoptó un esquema de bandas para el tipo de cambio.

El acuerdo incluye 12 reformas estructurales, entre las que destacan el ajuste en el acceso a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y pensiones por discapacidad, mediante controles de elegibilidad y la integración de bases de datos en un registro social unificado. Además, el Gobierno se comprometió a presentar una reforma previsional a fines de 2026, orientada a mejorar la equidad y sostenibilidad del sistema, y una reforma tributaria que elimine impuestos considerados distorsivos.

En materia fiscal, la meta de superávit para 2025 se elevó al 1,6% del PBI, lo que implica una estricta disciplina del gasto y la resistencia a nuevas iniciativas sin financiamiento. El presupuesto 2026 deberá incluir una regla de déficit cero y un plan fiscal de mediano plazo. También se prevé la eliminación de fondos fiduciarios y entidades extrapresupuestarias ineficientes, así como la privatización de ocho empresas estatales incluidas en la Ley Bases.

El FMI flexibilizó la meta de reservas, aunque advirtió sobre la frágil posición externa de Argentina, que sigue entre los países emergentes con menor nivel de reservas. Analistas económicos señalan que, si bien el plan muestra consistencia y dirección, el impacto social del ajuste es significativo, con aumentos en el desempleo y la informalidad laboral, y recortes en jubilaciones y programas sociales. Sectores sindicales y sociales han manifestado su rechazo a las medidas y exigen un plan de lucha nacional contra el ajuste.

El Gobierno sostiene que la disciplina fiscal y las reformas estructurales son necesarias para estabilizar la economía y recuperar la credibilidad internacional, mientras el FMI insiste en la importancia de avanzar en la acumulación de reservas y la implementación de reformas. El proceso, aunque desafiante, marca un cambio de rumbo en la estrategia económica argentina, con implicaciones sociales y políticas que seguirán generando debate en los próximos meses.