El Gobierno argentino ha dado un paso significativo en su política de desregulación económica al implementar la Resolución 333/2025, publicada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Esta normativa busca abrir el mercado de vacunas veterinarias, especialmente las destinadas a combatir la fiebre aftosa, a productos importados de países con estándares equivalentes. La medida tiene como objetivo reducir costos, fomentar la competencia y eliminar barreras regulatorias que han favorecido el monopolio de Biogénesis Bagó, único proveedor local de estas vacunas durante décadas.

La nueva regulación establece que los trámites de aprobación para productos veterinarios importados, que anteriormente podían demorar hasta dos años, ahora tendrán un plazo máximo de 90 días hábiles. Además, elimina la exigencia de realizar pruebas técnicas locales consideradas restrictivas, como la prueba de Protección a la Generalización Podal (PGP), y permite el uso de métodos más simples y confiables como el ELISA-CFL. También se reconocerán certificaciones internacionales de países con normativas equivalentes, lo que facilitará la entrada de nuevos competidores al mercado.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que esta medida busca corregir distorsiones en el mercado que han elevado los costos para los productores ganaderos. Según el funcionario, mientras que en Argentina una dosis de la vacuna contra la fiebre aftosa cuesta 1,20 dólares, en Paraguay y Uruguay los precios son significativamente más bajos, de 0,35 y 0,72 dólares, respectivamente. "Esto le reduce los costos a la cadena ganadera en aproximadamente 100 millones de dólares al año", afirmó Sturzenegger.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) jugó un papel clave en la implementación de esta medida, tras identificar barreras regulatorias que limitaban la competencia en el mercado de vacunas. Entre las recomendaciones del organismo se incluyó la flexibilización de las condiciones para los entes sanitarios, permitiendo mayor competencia en la distribución y aplicación de las vacunas. También se propuso eliminar restricciones geográficas y permitir que los productores elijan libremente a sus proveedores.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también destacó la importancia de esta medida, señalando que permitirá el acceso a insumos de calidad con estándares internacionales y reducirá significativamente los costos para el sector agropecuario. "Seguimos dando muestras de que un país con reglas claras, que genere competitividad y esté a la vanguardia de estándares internacionales vigentes, es posible", afirmó Caputo.

Aunque la nueva normativa no impactará en la campaña de vacunación vigente, se espera que a partir de 2026 se habilite la importación de nuevas vacunas. Entre las empresas que podrían beneficiarse de esta apertura se encuentra Tecnovax, que planea incorporar dosis importadas desde Brasil. Sin embargo, algunos sectores han criticado la implementación tardía de la medida y su impacto limitado en el corto plazo.

En conclusión, la Resolución 333/2025 representa un cambio significativo en el mercado de vacunas veterinarias en Argentina, con el potencial de reducir costos, ampliar la oferta y fomentar la competencia. No obstante, su éxito dependerá de la implementación efectiva de las nuevas normativas y de la capacidad del mercado para adaptarse a este nuevo escenario.