El Gobierno nacional profundizó el ajuste fiscal en el marco de su objetivo de alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas, lo que impactó de manera significativa en el financiamiento de las universidades nacionales. Según un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), las transferencias a las universidades cayeron un 36% en términos reales entre 2023 y 2025, en línea con una reducción general del gasto público del 27,6% en el mismo período.

El informe detalla que el financiamiento universitario, que en 2015 representaba el 0,85% del Producto Interno Bruto (PIB), se redujo al 0,53% en 2024 y se proyecta en 0,51% para 2025, niveles similares a los de principios de siglo. A pesar de la relevancia política y social del sector, el gasto universitario sigue siendo una porción acotada del presupuesto nacional, con otras áreas como las transferencias a provincias y la inversión directa sufriendo recortes aún mayores.

La estructura del gasto universitario muestra que el 90% de los fondos se destinan a salarios, mientras que solo el 7% corresponde a gastos de funcionamiento y el 2% a hospitales universitarios. Esta composición implica que cualquier discusión sobre financiamiento universitario está fuertemente ligada a la negociación salarial del sector.

El informe también destaca la baja eficiencia del sistema: solo el 4,4% de los estudiantes logra graduarse, es decir, uno de cada 22, una cifra muy inferior a la de países como Brasil o Chile. Además, el gasto universitario presenta un sesgo "pro-rico", ya que el 20% de los hogares con mayores ingresos absorbe el 27% del presupuesto, mientras que los sectores de menores ingresos tienen tasas de asistencia y graduación mucho más bajas.

En este contexto, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para reemplazar la actual indexación automática de los fondos universitarios por aumentos fijos y topes ligados a la inflación, con el objetivo de evitar que el gasto universitario se convierta en un factor de desequilibrio fiscal. Entre las alternativas propuestas para aliviar la carga sobre el Tesoro, se mencionan impuestos adicionales a graduados o sistemas de retribución diferida.

El debate sobre el financiamiento universitario se centra así en la necesidad de reformas estructurales que mejoren la eficiencia y la equidad, sin comprometer la estabilidad fiscal del país.