La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió este viernes suspender la orden que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres Burford y Eton Park, como parte del pago por el juicio de reestatización de la petrolera. El fallo, que representa un alivio temporal para el país, se produce en el marco de una condena que asciende a 16.000 millones de dólares más intereses, y que ha generado preocupación tanto en el ámbito político como financiero.

La decisión judicial permite a la Argentina sostener su apelación sin la obligación de ofrecer garantías ni perder activos estratégicos, al menos hasta que se resuelva el proceso legal. Expertos consultados por medios como Clarín y Página/12 destacaron que el apoyo del gobierno de Estados Unidos, aceptado como "amicus curiae" por la Corte, fue determinante para inclinar la balanza a favor de la posición argentina. "La decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos", expresó la Procuración del Tesoro de la Nación.

El fallo de la jueza Loretta Preska, que había ordenado la entrega de las acciones, fue considerado de imposible cumplimiento por la defensa argentina, que argumentó la necesidad de aprobación parlamentaria para cualquier transferencia de activos de YPF. Además, el Departamento de Justicia de EE.UU. intervino en el caso, señalando la importancia de respetar la inmunidad soberana de los Estados extranjeros, lo que reforzó la postura argentina.

El proceso de apelación podría extenderse hasta 2026 y, eventualmente, llegar a la Corte Suprema. Mientras tanto, la semana del 27 de octubre se presenta como la próxima fecha clave para el desarrollo del litigio. El caso, originado por la reestatización de YPF en 2012 y la posterior compra del juicio por Burford Capital, ha sido utilizado políticamente por diferentes administraciones argentinas, generando debate sobre la soberanía nacional y la jurisdicción internacional.

Expertos financieros y funcionarios del gobierno celebraron el fallo como un alivio y una oportunidad para negociar una reducción sustancial del monto reclamado. Sin embargo, persisten las críticas a la gestión de anteriores gobiernos y a la estrategia de defensa actual, así como la preocupación por el impacto político y financiero si la apelación fracasa. El apoyo de EE.UU. es visto como clave para la posición argentina, en un contexto de volatilidad marcada de los activos financieros nacionales y de próximas elecciones.

En definitiva, la suspensión de la entrega de acciones de YPF otorga a la Argentina margen de maniobra y tiempo para encarar la defensa de fondo, preservando la inmunidad y los intereses nacionales mientras se discute el futuro de uno de sus activos más estratégicos.