Docentes y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas han intensificado sus reclamos en las últimas semanas, denunciando salarios insuficientes y una grave crisis en la obra social IOSFA. Las protestas se han hecho visibles en colegios militares como el Instituto Dámaso Centeno, donde los docentes perciben sueldos considerablemente inferiores a los de sus pares en la Ciudad de Buenos Aires. Según datos aportados por los manifestantes, un maestro de jornada simple en institutos militares cobra alrededor de $325.000 mensuales, frente a los $730.000 que reciben en escuelas porteñas.

La situación se agravó con la publicación de una carta abierta por parte de la Asociación de Suboficiales Argentinos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (ASUBA), en la que se critica duramente al ministro de Defensa, Luis Petri. En la misiva, los suboficiales expresan su "indignación y preocupación" por el atraso salarial y el vaciamiento de IOSFA, cuya deuda supera los $120.000 millones. Además, denuncian que la equiparación salarial prometida fue postergada hasta 2027, lo que consideran "desconocer el derecho elemental a una vida digna".

El malestar se refleja también en la cantidad de renuncias y licencias entre el personal docente, así como en la dificultad de muchos suboficiales para cubrir necesidades básicas como alquiler, alimentación y medicamentos. "Hay suboficiales que se endeudan mes a mes para sobrevivir, retirados que deben vender sus bienes para pagar una operación", señala la carta, que también reclama la unificación de escalas salariales entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad federales.

El ministro Petri reconoció en el Congreso la crítica situación financiera de IOSFA y la suspensión de tramos del plan de equiparación salarial, pero fue cuestionado por no ofrecer soluciones concretas. La crisis se suma a otros problemas en el área de Defensa, como la suspensión de haberes a militares condenados y la deuda heredada en la obra social.

Padres y familias de alumnos han manifestado su apoyo a los reclamos docentes, mientras que sectores militares advierten sobre el riesgo de una mayor conflictividad interna si no se atienden las demandas. El conflicto recuerda a protestas similares ocurridas en 2012 y pone en duda la estabilidad de la gestión de Petri, quien enfrenta rumores sobre su posible salida del cargo. El desenlace de la situación dependerá de la respuesta del gobierno a las exigencias de equiparación salarial y mejoras en la cobertura de salud para el personal militar y sus familias.