La Corte Suprema de la Nación Argentina se encuentra ante una decisión de gran trascendencia que podría definir el rumbo de más de 1.200 juicios laborales en todo el país. Estos expedientes, presentados entre agosto y diciembre de 2024, cuestionan la validez de las tasas de interés fijadas por la Cámara Nacional del Trabajo, lo que ha generado un intenso debate jurídico y una marcada incertidumbre entre trabajadores, empleadores y el sistema judicial.

El conflicto se centra en la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición legal de indexar deudas, establecida en las leyes 23.928 y 25.561, por parte de la Cámara Nacional del Trabajo. Esta postura contradice precedentes históricos de la Corte Suprema, como los casos "Chiara Díaz", "Massolo" y "Puente Olivera", y también el criterio fijado en el fallo "Lacuadra". La situación se complejizó aún más con el fallo "Levinas" de diciembre de 2024, que modificó la instancia de revisión de estos juicios, derivando los expedientes posteriores a esa fecha al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ).

Actualmente, la Corte Suprema no puede transferir los 1.200 recursos al TSJ porteño, ya que corresponden a un período previo al cambio introducido por el fallo "Levinas". Esto coloca al máximo tribunal ante una encrucijada: esperar una definición del TSJ, pronunciarse y establecer un criterio definitivo, o desestimar los planteos y dejar la responsabilidad inicial al TSJ. Cada alternativa implica consecuencias complejas, especialmente para los trabajadores que enfrentan demoras en el cobro de créditos laborales y para los empresarios y aseguradoras que buscan previsibilidad en sus operaciones.

La falta de uniformidad entre los criterios de la Corte Suprema y el TSJ de CABA incrementa el riesgo de contradicciones y provoca inseguridad jurídica. "La decisión de la Corte Suprema quedará como la última palabra para fijar los criterios de aplicación de intereses en los juicios laborales", señala Diario de Cuyo, subrayando la expectativa que existe en torno a los próximos fallos. Lo que determine el tribunal marcará la pauta para miles de casos pendientes y ofrecerá una base clara para la administración de justicia en el fuero laboral, con implicaciones directas para trabajadores, empresarios, sindicatos y el Estado.

En este contexto, la resolución de la Corte Suprema será fundamental para establecer un marco de seguridad jurídica y previsibilidad en la aplicación de intereses en los juicios laborales, sentando un precedente que impactará en todo el país.