El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario dictó la absolución de los 17 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Villa Constitución durante el operativo represivo de marzo de 1975, conocido como "El Villazo". El proceso judicial, que se extendió por casi dos años, investigó secuestros, torturas y homicidios perpetrados contra trabajadores metalúrgicos y sindicalistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), con la presunta complicidad de directivos de la empresa Acindar y miembros de las fuerzas de seguridad.

La fiscalía y las querellas habían solicitado penas de prisión perpetua para los exdirectivos de Acindar y condenas de hasta 25 años para exmiembros de la Policía Federal y la Guardia Rural "Los Pumas". Sin embargo, el tribunal, compuesto por Ricardo Moisés Vásquez, Otmar Osvaldo Paulucci y Germán Sutter Schneider, decidió la absolución total de los imputados, en un fallo que no fue unánime. El presidente del tribunal, Sutter Schneider, votó en disidencia, proponiendo condenas parciales para algunos acusados, lo que abre la posibilidad de apelaciones ante la Cámara Federal de Casación.

La decisión judicial generó conmoción entre sobrevivientes, familiares y organizaciones de derechos humanos, quienes consideran que existían pruebas suficientes para condenar a los responsables. "Es una vergüenza por la cantidad de pruebas que había sobre Pellegrini y Torralvo y sobre los policías. No se entiende, lo único que se entiende es que el poder judicial se acomoda al clima de época", expresó Federico Pagliero, abogado querellante de la APDH. Por su parte, el abogado defensor de los policías federales sostuvo que "se hizo justicia" al demostrarse la inexistencia de pruebas directas que vincularan a sus defendidos con los hechos investigados.

El fallo se inscribe en un contexto de retroceso en los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina, con recientes absoluciones en otras causas y cuestionamientos al rol del empresariado en la represión estatal. Los fundamentos de la sentencia se conocerán en febrero de 2026, mientras que las organizaciones de derechos humanos han anunciado que apelarán la decisión. El caso reabre el debate sobre la impunidad y la responsabilidad de civiles y fuerzas de seguridad en el terrorismo de Estado.