El próximo martes 6 de mayo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) llevará a cabo un paro nacional de colectivos que afectará a más de 300 líneas de corta y media distancia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país. La medida, que se extenderá por 24 horas, fue anunciada tras el fracaso en las negociaciones paritarias entre el gremio y las cámaras empresariales, y la finalización del período de conciliación obligatoria dictado por el Gobierno.

El conflicto se centra en la propuesta salarial presentada por las empresas, que incluye un aumento remunerativo menor al 6% para los meses de febrero a junio, además de sumas no remunerativas de $40,000 a $70,000 a pagarse entre mayo y julio. La UTA calificó esta oferta como "vergonzosa" y denunció la falta de acción por parte de las autoridades nacionales, provinciales y locales. "El servicio público se mantiene solo gracias al esfuerzo de los trabajadores", expresó el gremio en un comunicado.

En el marco de este conflicto, el Gobierno nacional decidió reemplazar al secretario de Transporte, Franco Mogetta, por el empresario mendocino Luis Pierrini, cercano al ministro de Economía, Luis Caputo. Este cambio se produce en un contexto de tensiones políticas y económicas, y podría tener implicaciones en las próximas elecciones.

El impacto del paro será significativo, especialmente en el AMBA, donde más de 300 líneas de colectivos quedarán paralizadas. En Córdoba, la medida afectará exclusivamente al transporte urbano, según confirmó Pablo Farías, secretario adjunto de UTA Córdoba. "Estamos esperanzados de que haya un acuerdo, pero si no se resuelve, estamos plegados a la medida al 100%", afirmó.

Una última audiencia de conciliación está programada para el lunes 5 de mayo, en un intento por evitar la huelga. Sin embargo, las expectativas de un acuerdo son bajas, dado el historial de negociaciones fallidas y la postura firme del gremio.

Este paro se suma a una serie de tensiones en el sector transporte, incluyendo aumentos en los boletos y problemas de infraestructura. Además, refleja la creciente crisis económica que afecta al país, con una inflación que erosiona el poder adquisitivo de los trabajadores y genera conflictos en múltiples sectores.

Los usuarios, por su parte, expresan preocupación por el impacto de la medida en su movilidad diaria, mientras que las cámaras empresariales advierten sobre las dificultades económicas que enfrentan. El desenlace de este conflicto será clave para determinar el futuro del transporte público en Argentina y las relaciones laborales en el sector.