El presunto asesino serial Matías Jurado fue detenido en San Salvador de Jujuy, acusado de haber matado y descuartizado al menos cinco personas en situación de calle. La investigación, que sacudió a la provincia y al país, se centra en la vivienda de Jurado, ubicada en el barrio Alto Comedero, donde se hallaron restos humanos, sangre y objetos personales de las víctimas, así como platos de comida para perros con ADN humano.

Según fuentes judiciales, Jurado, de 37 años, captaba a sus víctimas ofreciéndoles ayuda, alojamiento o trabajo informal. Una vez en su casa, los ataques se perpetraban principalmente los viernes, siguiendo un patrón que se repitió durante meses. Los restos de las víctimas eran incinerados, enterrados en el patio o arrojados en basurales cercanos. El sobrino adolescente de Jurado, testigo clave en la causa, declaró en Cámara Gesell que vivía en constante miedo y que sus advertencias sobre los crímenes fueron ignoradas por familiares y vecinos.

El fiscal Guillermo Beller confirmó que la investigación se apoya en pruebas forenses, testimonios y análisis de cámaras de seguridad. El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta fue convocado para colaborar en la identificación de los restos mediante análisis de ADN, lo que podría demorar varios días. Jurado, quien tiene antecedentes penales y denuncias por violencia familiar, se declaró inocente durante la audiencia imputativa, pero no logró explicar la presencia de ropa, celulares y otros objetos pertenecientes a las víctimas en su domicilio.

La causa, considerada sin precedentes en Jujuy por su brutalidad y cantidad de víctimas, ha puesto en evidencia la negligencia institucional y la desatención a personas en situación de vulnerabilidad. El barrio Alto Comedero permanece conmocionado, mientras la justicia sostiene que Jurado actuó solo y descarta la participación de cómplices o hipótesis de canibalismo. El caso genera debate sobre la protección de los sectores más vulnerables y la respuesta de las instituciones ante señales de alerta ignoradas.

La investigación continúa con nuevas excavaciones y análisis forenses, mientras familiares de las víctimas esperan respuestas y justicia. El impacto social y humano del caso se extiende más allá de Jujuy, involucrando a equipos forenses de otras provincias y generando preocupación nacional por la seguridad y el cuidado de los más desprotegidos.