Una nueva ola de renuncias y reestructuraciones sacudió al Ministerio de Economía de Argentina en la última semana, con la salida de tres funcionarios clave: Esteban Marzorati, secretario de Industria y Comercio; Marcos Ayerra, titular de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME); y Santiago Migone, subsecretario de Gestión Productiva. Las dimisiones se producen en el marco de una profunda reestructuración interna, que incluyó la disolución de las secretarías de Industria y PyME, ahora absorbidas por la Secretaría de Coordinación de Producción, bajo la dirección de Pablo Lavigne.

El ministro Luis Caputo despidió públicamente a los funcionarios a través de sus redes sociales, agradeciéndoles por su labor y calificándolos como "cracks" y "gigantes profesionales". Si bien los motivos oficiales de las renuncias fueron "temas personales y nuevos desafíos profesionales", el contexto apunta a una política de ajuste y optimización de la estructura estatal impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su preocupación por la decisión, señalando que deja a las pymes sin la interacción institucional necesaria para gestionar problemas y buscar soluciones. Daniel Rosato, presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), advirtió que la medida podría significar la desaparición de miles de empresas que requieren asistencia estatal. Según el Observatorio IPA, desde la asunción de Milei, más de 12.000 pymes industriales han cerrado y se han perdido 20.000 puestos de trabajo.

La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) también manifestó su "profunda preocupación" por la eliminación de las secretarías, destacando que las pymes industriales generan el 45% del empleo registrado y el 91% de las firmas exportadoras del sector. Fisfe subrayó que la medida debilita el presente productivo y compromete el futuro del país, al eliminar políticas específicas y estructuras de apoyo.

En Bahía Blanca, la filial local de APYME denunció el vaciamiento de políticas para el sector productivo y criticó el decreto que derogó la Ley de Promoción de las PyMEs y otros programas de incentivo. La organización calificó la gestión nacional como "anti PyME" y convocó a construir un proyecto nacional inclusivo y con justicia social.

Por su parte, el Gobierno sostiene que la reestructuración busca optimizar la eficiencia del ministerio y racionalizar recursos. Sin embargo, la medida ha generado un fuerte rechazo entre empresarios y entidades del sector, que advierten sobre el impacto negativo en el empleo, la producción y el entramado social de las pymes argentinas. El debate sobre el rol del Estado en el desarrollo productivo y la protección de las pequeñas y medianas empresas continúa abierto, en un contexto de ajuste y transformación institucional.