La investigación sobre el caso Libra dio un giro clave tras la confirmación de la verdadera identidad del empresario vinculado al escándalo de la criptomoneda. Migraciones informó que el ciudadano de Singapur, conocido en Occidente como Julian Peh, es en realidad Peh Chyi Haur. Este dato, ratificado por registros migratorios y especialistas en criptomonedas, permitió a la justicia argentina avanzar en la pesquisa penal que involucra al CEO de Kip Protocol, al presidente Javier Milei y a otros funcionarios y empresarios.

Peh Chyi Haur ingresó a la Argentina el 16 de octubre de 2024 y permaneció hasta el 20 de ese mes, participando en el Tech Forum y manteniendo una reunión protocolar con Milei en el Hotel Libertador. Sin embargo, el nombre y la documentación presentados en ese encuentro resultaron inválidos, lo que generó confusión y retrasos en la investigación. Interpol Singapur respondió que no existen registros de "Julian Peh", lo que llevó a la Fiscalía argentina a revisar y ampliar los datos enviados para la cooperación internacional.

El escándalo estalló cuando se supo que la criptomoneda $LIBRA, promocionada por Milei en febrero de 2025, estaba vinculada a Kip Protocol y a Peh, quien usó diferentes identidades en redes sociales y documentos oficiales. Tras la polémica, Kip Protocol emitió un comunicado desligándose del proyecto y aclarando que el presidente Milei no tenía participación en el desarrollo de la moneda digital. La Oficina del Presidente también se distanció del emprendimiento, atribuyendo la responsabilidad a los empresarios involucrados.

La causa penal, impulsada por los querellantes Juan Grabois y Martín Romeo, incluye a Peh, Milei, Karina Milei y otros empresarios. El proceso judicial se vio demorado por el envío de información incompleta a Interpol, pero ahora, con la identidad confirmada, se espera que la investigación avance con nuevas diligencias internacionales. El caso expuso debilidades en los controles migratorios y en la verificación de antecedentes de empresarios extranjeros, generando preocupación sobre la transparencia en la relación entre el sector público y privado en Argentina.

Mientras tanto, las partes involucradas mantienen posturas divergentes. Davis, otro de los imputados, defendió a Peh y acusó a socios de Milei de buscar culpables externos. El gobierno argentino, por su parte, se desligó públicamente del proyecto tras el estallido del escándalo. La investigación sigue abierta y se esperan nuevas resoluciones judiciales en las próximas semanas.