El Gobierno argentino anunció la suspensión de más de 110.000 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral, en el marco de una auditoría que detectó irregularidades en su otorgamiento. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en conferencia de prensa que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suspendió 110.522 pensiones, además de dar de baja otras 8.107 correspondientes a personas fallecidas y 10.038 por renuncia voluntaria. Según el Ejecutivo, el 60% de los beneficiarios no se presentó a verificar los requisitos, lo que motivó la revisión.

Adorni explicó que entre las pensiones suspendidas se encontraron casos de documentación médica repetida, como radiografías y ecocardiogramas utilizados en múltiples expedientes, y beneficiarios con bienes incompatibles con el acceso al beneficio. "Este mecanismo no es novedoso; en Chaco se presentó una misma radiografía de hombro como prueba en 150 pensiones por invalidez diferentes durante la gestión pasada", señaló el funcionario. El Gobierno estima que la medida permitirá un ahorro de $35.000 millones mensuales y denuncia un fraude de hasta 1.000 millones de dólares anuales.

La decisión se produce tras el rechazo en la Cámara de Diputados al veto presidencial sobre la ley de emergencia en discapacidad, lo que generó tensión política y movilizaciones frente al Congreso. El oficialismo sostiene que la revisión es necesaria para garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y para transparentar el sistema. "Entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.045.000, una cifra que no corresponde a un país que no sufrió guerras ni catástrofes naturales", argumentó Adorni.

Sin embargo, organizaciones de discapacidad y referentes del sector cuestionan la medida, denunciando falta de transparencia y afectación de derechos adquiridos. Gabriela Troiano, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), calificó la decisión como "cruel" y criticó el sistema de auditoría por no cumplir con los requisitos legales de notificación y asistencia. Eduardo Maidana, del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, afirmó que el Gobierno busca "vaciar el sector" y que el ajuste presupuestario afecta a los colectivos más vulnerables.

La Agencia Nacional de Discapacidad y el PAMI realizaron las auditorías, que no incluyeron a menores de edad ni a personas ya auditadas en 2024. El debate sobre las pensiones por discapacidad se enmarca en un ajuste fiscal más amplio y en la discusión sobre el rol del Estado en la protección social, con posiciones encontradas entre el oficialismo y la oposición.