La familia de Ian Moche, un niño de 12 años activista por los derechos de las personas neurodivergentes, presentó una demanda judicial contra el presidente Javier Milei tras la publicación de un tuit considerado agraviante. El hecho ocurrió el 1 de junio de 2025, cuando Milei republicó en la red social X un mensaje que acusaba a Ian y a su familia de operar políticamente contra el gobierno, acompañando la publicación con imágenes del menor junto a figuras políticas de la oposición.

La reacción en redes sociales fue inmediata: el mensaje presidencial generó una ola de hostigamiento hacia Ian, incluyendo la difusión de datos personales como la dirección de su casa y su escuela. Ante la falta de respuesta del mandatario para eliminar el posteo, la familia decidió avanzar con una acción judicial, patrocinada por el abogado Andrés Gil Domínguez, en el Juzgado Federal N°4 de La Plata. La demanda solicita que el presidente elimine la publicación y se abstenga de realizar futuras manifestaciones similares, argumentando la violación del principio del interés superior del niño y de los derechos de las personas con discapacidad.

En la presentación, Ian relató su diagnóstico de autismo y su labor de concientización desde 2022, así como el origen del conflicto: una entrevista televisiva en la que denunció recortes en políticas de discapacidad y declaraciones del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. El caso se inscribe en un contexto de alta tensión política y recortes en áreas sensibles, lo que ha generado un amplio debate sobre los límites del discurso público y la protección de los menores en redes sociales.

Organizaciones como Amnistía Internacional y el CELS expresaron su repudio a la exposición pública de un niño y exigieron garantías para su protección. Mientras tanto, sectores afines al gobierno defendieron la postura de Milei, argumentando que el caso fue utilizado políticamente. La resolución judicial podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el uso de redes sociales y la protección de los derechos de la infancia en Argentina.