Ian Moche, un niño de 12 años reconocido por su activismo en la concientización sobre el autismo, presentó una demanda judicial contra el presidente Javier Milei. La acción, radicada en el Juzgado Federal N°4 de La Plata, solicita que el mandatario elimine un posteo realizado el 1 de junio de 2025 en la red social X (ex Twitter), considerado agraviante, y que se abstenga de realizar publicaciones similares en el futuro.

La controversia se originó tras una reunión en marzo de 2024 entre Ian, su madre y Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según la denuncia, Spagnuolo habría afirmado que "si había tenido un hijo con discapacidad era un problema familiar pero no del Estado". El funcionario negó públicamente haber hecho tal declaración, lo que llevó a Ian a ejercer su derecho a réplica en distintos medios.

Posteriormente, un usuario de X publicó fotos de Ian con figuras políticas y lo acusó de operar contra el gobierno. Javier Milei reposteó ese mensaje, agregando comentarios propios que, según la demanda, amplificaron el agravio. "Cuando un usuario de la red social X repostea un mensaje ofensivo y además expresa su conformidad o adhesión al contenido, no actúa como mero espectador, sino que se convierte en partícipe activo en la reproducción y ampliación del daño", sostiene el texto judicial.

La presentación, patrocinada por el abogado Andrés Gil Domínguez, argumenta que la conducta del presidente viola el principio del interés superior del niño y derechos protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y de las Personas con Discapacidad. Además, subraya que la investidura presidencial otorga una carga simbólica e institucional a sus actos en redes sociales.

El caso generó un amplio respaldo a Ian por parte de la comunidad autista y especialistas en salud mental. La madre del niño lamentó la revictimización sufrida y destacó su compromiso con el activismo. Usuarios de redes sociales también repudiaron el accionar de Milei, vinculándolo con políticas de discapacidad. Hasta el momento, el presidente no ha emitido declaraciones adicionales sobre la demanda. El proceso judicial podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el uso de redes sociales y la protección de los derechos de la infancia y la discapacidad.