Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y figura central del peronismo, cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio Constitución, luego de que la Corte Suprema dejara firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción en la causa Vialidad. La situación, inédita en la historia argentina, ha generado un fuerte debate político y jurídico sobre el alcance de las restricciones impuestas y el respeto a los derechos fundamentales.

La Justicia determinó que Kirchner debe portar una tobillera electrónica y limitó las visitas a su domicilio, permitiendo solo el ingreso de familiares directos, abogados y médicos sin autorización previa. Cualquier otra visita requiere aprobación judicial, una medida que la exmandataria calificó como "arbitraria" y "violatoria" de sus derechos civiles y políticos. "Un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles", expresó Kirchner en sus redes sociales.

El régimen de prisión domiciliaria fue otorgado considerando su edad, trayectoria institucional y el atentado que sufrió en 2022. Sin embargo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola han manifestado su desacuerdo con la medida y buscan revocar la domiciliaria, argumentando que cualquier "inconducta" podría justificar su traslado a una prisión común. Los fiscales sostienen que los saludos de Kirchner desde el balcón a sus seguidores podrían interpretarse como una perturbación al orden público.

La defensa de la expresidenta, encabezada por Carlos Beraldi, ha presentado recursos para flexibilizar las restricciones, mientras que una misión internacional de expertos en derechos humanos calificó de "innecesaria, inadecuada y desproporcionada" la imposición de la tobillera electrónica, exhortando al Poder Judicial argentino a garantizar el respeto a la dignidad y los derechos de la persona privada de libertad.

El caso ha movilizado a dirigentes políticos, militantes y organismos internacionales, y se inscribe en un contexto de alta polarización y denuncias de persecución judicial. El debate sobre la autonomía del Poder Judicial, los derechos políticos y las garantías constitucionales continúa abierto, con implicancias que podrían extenderse más allá del caso de Cristina Kirchner.