Prueba ilegal y una carátula sin delito: las razones por las que se derrumba la denuncia de Kicillof contra los policías cesanteados
- 24 policías bonaerenses fueron apartados por presunta confabulación política con un candidato de LLA. - La Justicia aún investiga: no hay delito penal firme, pero sí uso indebido de recursos. - Cruce político entre Kicillof y Bullrich por el caso.



Veinticuatro oficiales de la Policía Bonaerense fueron apartados de sus funciones tras una denuncia por supuesta confabulación política en favor del candidato libertario Maximiliano Bondarenko. La medida, impulsada por el gobierno de Axel Kicillof, se basó en la sospecha de que los agentes habrían utilizado recursos y oficinas estatales para colaborar con la campaña de Bondarenko, lo que está prohibido por la ley orgánica de la fuerza.
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima y la aparición de audios y chats que evidenciarían reuniones y planificación de actividades políticas. Entre las pruebas, se secuestraron computadoras con documentos que incluían logos de La Libertad Avanza y planes de seguridad. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que, hasta el momento, no se ha configurado un delito penal de conspiración, aunque sí se investiga el uso indebido de bienes públicos.
El fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la causa, ordenó peritajes sobre los equipos informáticos y notificó a los policías involucrados que están bajo sospecha de malversación de fondos. "La auditoría interna comprobó que la denuncia anónima era real. Se encontró material en las computadoras e impresiones en papel con planes de trabajo de cara a las elecciones", señaló una fuente del gobierno bonaerense.
El caso generó un fuerte cruce político. La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, afirmó que la Justicia "tiró abajo" la causa y denunció una persecución política contra los policías, mientras que su par bonaerense, Javier Alonso, desmintió esa versión y aseguró que la investigación sigue en curso con nuevas pruebas.
Por el momento, los policías permanecen apartados de manera preventiva, con reducción salarial, a la espera de la resolución judicial y administrativa. El caso se desarrolla en un contexto electoral clave para la provincia, donde la participación de fuerzas de seguridad en actividades políticas está expresamente prohibida. El desenlace de la investigación podría tener implicancias tanto en la interna policial como en la disputa política bonaerense.
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