El presidente de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, Ernesto García Maañón, presentó su renuncia tras ser denunciado por acoso sexual, abuso de poder y hostigamiento laboral por una secretaria letrada del tribunal. La denuncia, presentada a mediados de julio, detalla episodios de mensajes sexualizados, propuestas de encuentros fuera del ámbito laboral y situaciones de violencia simbólica que, según la denunciante, afectaron gravemente su salud mental y su desempeño profesional.

La situación se agravó cuando, en un grupo institucional de WhatsApp, el juez expresó públicamente su deseo de no seguir trabajando con la denunciante, lo que motivó la formalización de la denuncia. En respuesta, la funcionaria compartió un audio privado en el que García Maañón reconocía su atracción sexual hacia ella, aunque aseguraba que no interferiría en el vínculo laboral. La denuncia también incluyó relatos de intimidación, como la manipulación de un arma de fuego en presencia de la víctima.

El caso tomó mayor dimensión cuando otra funcionaria, citada como testigo en el sumario administrativo, reveló haber sido también víctima de manoseos e intento de beso por parte del magistrado. Esta segunda denuncia refuerza la gravedad de las acusaciones y ha llevado a la apertura de una investigación penal, actualmente a cargo del fiscal José Amallo.

La renuncia de García Maañón fue presentada un día antes del fin de la feria judicial y aún debe ser aceptada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El abogado defensor del juez, Adrián Murcho, argumentó que la decisión busca permitir una investigación más libre y tranquila, mientras que la querella, representada por Juan Saucedo, solicita que no se acepte la renuncia y se avance con un jury de enjuiciamiento para evitar la impunidad.

El caso se produce en un contexto de otros escándalos judiciales en San Isidro, como el de la jueza Julieta Makintach, y ha generado un fuerte debate sobre la protección de las víctimas y la transparencia en el Poder Judicial. La investigación continúa, con testimonios de otras posibles víctimas y medidas de contención para la denunciante principal, mientras se espera la decisión sobre la aceptación de la renuncia y el avance de las causas penales y administrativas.