El proyecto minero San Jorge, ubicado en Uspallata, Mendoza, ha reavivado el debate social y ambiental en la provincia tras la convocatoria a una audiencia pública prevista para el 2 de agosto. Más de 3.800 personas se inscribieron para participar, reflejando el alto interés y la polarización que genera la iniciativa.

La audiencia, que se realizará en el predio del yacimiento y será transmitida en vivo, busca recabar opiniones sobre el informe de impacto ambiental del proyecto, que prevé una inversión inicial de 559 millones de dólares y la posibilidad de que Mendoza cuente con su primera mina de cobre en producción. Sin embargo, el proceso ha sido cuestionado por organizaciones ambientales y técnicas, como la ONG Oikos y la Universidad Nacional de Cuyo, que advierten sobre riesgos para el arroyo El Tigre, glaciares y humedales, así como la falta de transparencia y participación efectiva.

El consumo de agua proyectado por la minera alcanza hasta el 47% del caudal anual del arroyo El Tigre durante la etapa de operación, lo que ha generado preocupación entre especialistas y asambleas ciudadanas. "El arroyo nunca se debe secar por completo, hay que respetar un caudal ecológico para preservar los valores ecosistémicos del cauce", advirtió el docente y ambientalista Marcelo Giraud. Por su parte, el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, subrayó la necesidad de reforzar el monitoreo y actualizar los datos hídricos para garantizar un control efectivo.

Ante la convocatoria oficial, se presentaron amparos judiciales para cambiar la sede de la audiencia a un lugar más accesible, argumentando que la ubicación actual limita la participación ciudadana. No obstante, la jueza Cecilia Landaburu rechazó los recursos, señalando que la documentación técnica está disponible en línea y que la transmisión en vivo garantiza el acceso a la información.

El gobierno provincial, a través de la ministra de Energía Jimena Latorre, defendió la transparencia del proceso y destacó el cumplimiento de los requisitos formales. "La mayor prueba de la importancia que tiene para la sociedad mendocina es justamente este nivel de participación y de concurrencia", afirmó Latorre.

El proyecto San Jorge ya fue rechazado en 2011 y enfrenta una fuerte resistencia social, especialmente por la vigencia de la Ley 7722, que protege el agua en Mendoza. La reactivación del debate pone en evidencia la tensión entre el desarrollo económico y la protección ambiental, en un contexto de escasez hídrica y antecedentes de conflictos similares en la provincia. El desenlace de la audiencia pública será clave para el futuro del proyecto y la política minera en Mendoza.