La Justicia Federal de Río Gallegos resolvió mantener a Cristina Fernández de Kirchner en el padrón electoral, permitiéndole ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones legislativas, a pesar de la condena firme a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La decisión fue adoptada por el juez Claudio Marcelo Vázquez, quien rechazó la apelación presentada por el fiscal Julio César Zárate por considerarla extemporánea, ya que fue presentada fuera del plazo legal de tres días tras la sentencia original del 18 de julio.

La jueza subrogante Mariel Borruto había declarado previamente la inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal y del Código Nacional Electoral que impiden votar a condenados con sentencia firme, argumentando que tales restricciones violan derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y tratados internacionales. "Privar el derecho a votar infringe los estándares de nuestro más alto tribunal, ello sin perder de vista que las normas cuestionadas no superan los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad, exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos", sostuvo Borruto en su fallo.

El fiscal Zárate justificó la demora en la apelación por el inicio de la feria judicial, pero el juez Vázquez desestimó el argumento. Mientras tanto, la decisión de mantener a CFK en el padrón es, en la práctica, simbólica, ya que la ex presidenta cumple prisión domiciliaria en la ciudad de Buenos Aires y no podría trasladarse a Santa Cruz para votar.

La resolución generó fuertes reacciones políticas y judiciales. Candidatos opositores denunciaron a la jueza Borruto ante el Consejo de la Magistratura por "mal desempeño", argumentando que su fallo desconoce la ley y la jurisprudencia sobre la inhabilitación de condenados por corrupción. Sin embargo, la jueza citó antecedentes como el caso "Zelaya" y fallos de la Cámara Nacional Electoral que cuestionan la privación automática del derecho al voto.

El caso ahora será revisado por la Cámara Nacional Electoral, que deberá decidir si corresponde la exclusión definitiva de Cristina Fernández de Kirchner del padrón electoral. El debate sobre el derecho al voto de personas condenadas sigue abierto en el ámbito legislativo y judicial, a la espera de una definición definitiva.