El Gobierno nacional decidió prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia de los beneficios en las contribuciones patronales para los establecimientos educativos de gestión privada. La medida, oficializada mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026, busca evitar un aumento significativo en los costos laborales de las escuelas privadas, lo que podría traducirse en incrementos en las cuotas que abonan las familias y en mayores partidas presupuestarias para las provincias.

Según los considerandos del decreto, la decisión responde a informes técnicos favorables de los ministerios de Economía y Capital Humano, que advirtieron sobre el impacto que tendría la aplicación de las disposiciones vigentes a partir de 2026. "La aplicación de las disposiciones establecidas en el Capítulo 3 del Título IV de la Ley N° 27.541 para el año 2026 produciría un incremento desmesurado en las contribuciones patronales a pagar por las instituciones", señala el texto oficial. Además, se destaca que el principal costo operativo de los establecimientos educativos privados está representado por el componente salarial, incluyendo las contribuciones patronales.

El decreto subraya que muchas escuelas privadas reciben aportes estatales provinciales, por lo que un aumento en las contribuciones impactaría directamente en los presupuestos de las provincias y, en los casos de instituciones sin aporte estatal, en el valor de los aranceles que pagan las familias. "El significativo aumento de las contribuciones patronales originaría incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectaría su economía", advierte el documento.

La medida, que entra en vigencia el 1 de enero de 2026, será informada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme lo establece la Ley 26.122. El Gobierno argumenta que la prórroga es indispensable para proteger la prestación del servicio educativo, especialmente en las regiones más necesitadas y en las instituciones de bajos recursos que atienden a la población socialmente más vulnerable. La decisión se enmarca en una serie de prórrogas similares adoptadas desde 2001, en el contexto de la regulación de las contribuciones patronales para el sector educativo privado.