Una turista brasileña de 69 años, María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, fue asesinada el pasado jueves en la avenida Corrientes al 3200, en el barrio porteño de Balvanera. El ataque, perpetrado por un hombre de 30 años con un extenso historial de antecedentes penales y problemas psiquiátricos, ocurrió cerca del mediodía cuando la víctima caminaba por la zona del Abasto. Sin mediar palabra ni motivo aparente, el agresor la golpeó, provocando que cayera al suelo y sufriera un fuerte traumatismo de cráneo. Aunque fue asistida rápidamente por el SAME y trasladada a un hospital, falleció esa misma noche.

El sospechoso fue detenido horas después en el cruce de Córdoba y Junín, tras otro episodio violento. Según fuentes policiales, el hombre cuenta con al menos 20 antecedentes por delitos graves, entre ellos robos, lesiones y desórdenes en la vía pública, y ha sido internado en varias ocasiones en hospitales psiquiátricos de la ciudad, de los cuales se fugó reiteradamente. Tras el ataque, la justicia lo declaró inimputable y ordenó su internación involuntaria en el Hospital Borda, bajo consigna fija, suspendiendo los plazos procesales y dejando en manos de la alzada la definición del encuadre procesal definitivo.

La víctima, exfuncionaria judicial oriunda de Itapuranga y residente en Goiânia, había llegado a Buenos Aires para acompañar a su hija, estudiante de Medicina en la UBA. La familia, que permanece en el país desde julio, inició gestiones y una campaña solidaria para repatriar el cuerpo a Brasil, proceso demorado por la realización de la autopsia correspondiente a una muerte violenta. El Sindicato de Judiciales de Goiás manifestó su pesar y se sumó a los pedidos de ayuda para el traslado de los restos.

El caso reaviva el debate sobre la atención psiquiátrica y la seguridad pública, especialmente ante la reiteración de hechos violentos protagonizados por personas inimputables y la dificultad de internación involuntaria bajo la ley de Salud Mental. Las autoridades judiciales y sanitarias continúan evaluando medidas para garantizar el tratamiento adecuado y la protección de la comunidad, mientras la familia de la víctima reclama justicia y celeridad en los trámites.