La reciente publicación de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaef) ha puesto en el centro del debate la profunda disparidad en la recaudación per cápita entre las provincias argentinas. Según el estudio, la Ciudad de Buenos Aires recauda 14 veces más por habitante que Santiago del Estero, lo que evidencia una desigualdad significativa en la capacidad de gasto público y en la distribución de recursos.

El presidente Javier Milei, tras reunirse con 20 gobernadores, reconoció el ajuste fiscal realizado por las provincias, destacando que "estamos todos laburando en la misma línea". Este reconocimiento marca un cambio de tono respecto a meses anteriores, cuando Milei calificaba a los mandatarios provinciales de "degenerados fiscales". Sin embargo, la discusión sobre el reparto de fondos federales sigue abierta, con la disparidad fiscal como uno de los principales ejes.

El informe del Iaef señala que la brecha entre la jurisdicción de mayor recaudación y la de menor recaudación alcanzó el 1.315% en 2024. Si se excluye a la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén lidera la recaudación, con ingresos equivalentes a diez veces los de Santiago del Estero. El crecimiento de Neuquén se atribuye principalmente al impacto económico de Vaca Muerta.

El impuesto a los Ingresos Brutos, considerado regresivo, muestra una variabilidad significativa entre provincias. En 2024, CABA tuvo una recaudación per cápita de Ingresos Brutos casi 15 veces superior a la de Santiago del Estero. Por otro lado, provincias como La Rioja y Chaco lograron aumentar su recaudación propia sin depender de este impuesto desde 2010.

El contexto actual intensifica el debate sobre la coparticipación federal, ya que la estructura tributaria y la densidad poblacional influyen en la disparidad fiscal. El informe del Iaef es citado por diversos actores políticos y económicos como referencia para la discusión de un nuevo sistema de reparto de fondos.

La disparidad fiscal genera preocupación y debate entre los gobernadores y el gobierno nacional, quienes buscan consensuar mecanismos más equitativos para la distribución de recursos. El futuro de la coparticipación y la capacidad de gasto público de las provincias dependerá de las reformas que surjan de este proceso de diálogo y negociación.